La nueva teoría del derrame

¿Se recuerda de la “teoría del derrame”? ¿Aquella que enfatiza el crecimiento económico del sector privado como fuente de reducción de la pobreza? ¿La que contrasta con la teoría de la izquierda que hace énfasis en la redistribución de la riqueza como medio para reducir la pobreza? Pues ahora hay una nueva teoría del derrame: el Gobierno lo hará todo. Ocasionará el crecimiento económico y derramará la riqueza entre los más pobres.

Si usted cree que el Gobierno es fuente de prosperidad y que es el motor del crecimiento económico, usted se identificará con la “nueva teoría del derrame”. Promoverá acciones que “estimulen” la economía como líneas estatales de financiamiento para la construcción, un déficit fiscal que pague por muchas obras de infraestructura o simplemente continuará regalando dinero. En resumen, usted querrá que el Gobierno aproveche a “convertir esta crisis en una oportunidad”, al promover la prosperidad desde las altas esferas de poder para que, desde allí, la riqueza se derrame hasta los más pobres. ¿Qué tal? Ojalá fuera así de fácil, porque no habría países pobres en el mundo.

La nueva teoría del derrame será un fracaso porque el Gobierno no es fuente de prosperidad y menos de eficiencia. Como el Gobierno no crea nada; el gasto público solo “redistribuye” la poca riqueza que se crea. Cuando la riqueza no alcanza, el Gobierno de manera descarada nos endeuda hipotecando nuestros ingresos futuros con el gasto deficitario. Ambas cosas son casi una garantía de que seguiremos siendo pobres. Por otra parte, ¿qué nos hace creer que ahora sí gastarán el dinero correctamente? ¿Cómo sabemos que el caldo no nos va a salir más caro que los frijoles? ¿Qué clase de “es-tímulo” causará el gasto público? Es ingenuo pensar que, como consecuencia de la crisis, el Estado repentinamente se haya vuelto eficiente y honesto. Algo así como que las carreteras beneficiarán a todos, y no solo a los funcionarios o diputados para que pasen frente a sus propiedades, como la Prensa ha reportado en el pasado.

El desarrollo económico y social de nuestra nación es demasiado importante como para dejarlo en manos de funcionarios de Gobierno. Yo sí creo que el Estado tiene mucho que hacer, pero para solucionar otra crisis: la de inseguridad. Esa es la única crisis que el Gobierno debe meterse a solucionar. En esa sí puede hacer la diferencia, si deja de ver cómo “estimula” la economía y ve cómo agarra a los criminales. Y si soluciona esa crisis, veremos cómo florecerá, de nuevo, nuestra productividad, y la empresarialidad del pueblo nos sacará de la recesión por nuestras propias pistolas. En materia de gobierno, los funcionarios deben aprender que mucho ayuda el que poco estorba.

Por José Raúl González Merlo

Sobre guerrilleros y militares: Reflexiones sobre las consecuencias del golpe de marzo de 1976

Las herejías que debemos temer -reflexionaba Borges- son las que pueden confundirse con la ortodoxia. En su relato Los teólogos, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona. Del mismo modo, en la tragedia argentina de los años setenta, militares y guerrilleros, defensores del orden y subversivos, tenían muchos rasgos en común y actuaban, a veces, de manera tan similar que parecían una sola persona.

La metáfora borgeana aplicada a la realidad histórica tiene, sin embargo, sus peligros. Las analogías entre nazismo y estalinismo de Ernst Nolte lo hicieron sospechoso de justificar al primero. La "teoría de los dos demonios", término acuñado en tiempos de Raúl Alfonsín para justificar el enjuiciamiento conjunto de militares y guerrilleros, provocó en su momento serias resistencias de un lado y del otro, precisamente porque tenía una dosis de verdad y otra de mentira. Tulio Halperín Dongui atribuyó esta teoría a algunos nostálgicos afectos a uno de los dos supuestos demonios que, muy probablemente, pensaban que había un solo auténtico demonio que sería, desde luego, el otro.

Otra interpretación es, sin embargo, posible: admitir ese dualismo sin inclinarse hacia ninguno de los dos polos: condenar a los guerrilleros no supone elevar a los militares a la categoría de héroes salvadores, y condenar a éstos no implica convertir a asesinos políticos en "jóvenes idealistas". Es preciso descubrir los puntos en que estos extremos se tocan, deslindar la similitud en la diferencia y la diferencia en la similitud.

En ese juego de máscaras, los terroristas eran los héroes de 1973 y se convirtieron en las víctimas de 1976. A su vez los militares, héroes de 1976, pasaron a ser los culpables en 1983. Los guerrilleros perdieron la lucha armada pero los militares perdieron la lucha ideológica. ¿Por qué cada uno de los contendientes perdió su propia guerra?

Entre otras razones, porque ambos luchaban, como vimos, con los mismos medios que su enemigo. Hábiles transformistas, los militares se disfrazaban de terroristas encapuchados, dedicados a sembrar el miedo, matando, secuestrando y robando. Los terroristas, por su parte, se trasvestían de militares y descuidaban la inserción en la sociedad y la actividad política. Y quisieron vencer a sus contrincantes en su propio terreno; lógicamente, ganaron los expertos y no los aficionados.

Guerrilleros y militares, no es posible negarlo, coincidían en muchos aspectos: en su repudio a la democracia y al sistema de partidos, en la legitimación del uso de la violencia; el asesinato era la ejecución de una sentencia dictada en nombre de la liberación del pueblo, en el caso de los guerrilleros, o en nombre del orden y la defensa de la Nación, en el de los militares. Una tortuosa dialéctica convertía en ambos lo que había sido un medio -la violencia- en un fin en sí mismo: la atracción por las armas, el culto a la muerte. No es un detalle para desdeñar la pasión que exhibían los Montoneros por los uniformes, las botas, los grados, los galones, los gestos y la disciplina de los militares. El mayor intelectual que tuvieron en sus filas -hay que decirlo-, Rodolfo Walsh, había intentado en su juventud de nacionalista católico ingresar al Ejército. No lo logró por problemas oculares, pero su momento más feliz fue lucir el uniforme del ejército cubano.

Guerrilleros y militares se decían igualmente representantes del auténtico cristianismo, iban a la muerte en nombre de Cristo, y distintos sectores de la Iglesia bendecían las armas con que se mataban recíprocamente. Ambos eran nacionalistas y veían la principal causa de nuestros males en el enemigo exterior, aunque con distintas orientaciones: el Este para unos, el Oeste para otros. Aun en determinadas circunstancias -la aventura de Galtieri-, coincidieron y fueron aliados ocasionales. El ministro del Interior Costa Méndez, abrazándose con Fidel Castro, representaba el paradigma de esta paradójica situación. La historia es más compleja de lo que habitualmente se cuenta.

Las falacias de los dos demonios. Hay algunas falacias, no obstante, en la "teoría de los dos demonios". La demonización de ambos contendientes respondía a un deseo de la sociedad civil de arrojar el mal lejos, fuera de sí misma, y ocultar, de ese modo, que los terroristas y los represores no venían de quién sabe dónde, surgían de la entraña misma de la sociedad argentina. No eran monstruos sino gente corriente, la llamada "banalidad del mal" de Hanna Arendt. No estaban aislados ni separados del resto de la sociedad, porque ésta apoyó irresponsablemente a uno y a otros, hasta que la sangre los salpicó a todos. Con la demonización, sin embargo, la sociedad podía seguir representando el papel que siempre le ha gustado: de inocente y de víctima. Tenían su parte de razón, por esta vez, los militares, cuando en el juicio a las juntas y en posteriores declaraciones llamaban "hipócrita" a una sociedad que los condenaba sin piedad después de haberlos alabado sin vergüenza.

Además, si bien el terrorismo de Estado tenía muchos puntos en común con el terrorismo político, difería en otros. Podemos pasar por alto el abismal desequilibrio de fuerzas que provocó una desmesurada desproporción entre las víctimas militares y las civiles; después de todo, un solo muerto es ya un escándalo. Y además el delirio de los dirigentes -muchos de los cuales terminaron en el exilio dorado- fue el responsable de cantidad de muertes inútiles, de militantes de la superficie a los que dejaron en el desamparo.

Hay una diferencia más profunda aún: el terrorismo político, por perverso que fuera, era coherente consigo mismo, sus medios se ajustaban a sus fines: destruir la sociedad establecida. El Estado tiene el patrimonio exclusivo de la fuerza, sólo para el resguardo de los ciudadanos y el mantenimiento de las instituciones. Cuando, en cambio, adoptó los métodos terroristas y la fuerza se convirtió en violencia, destruyó la legalidad cuya defensa era la razón misma de su existencia. Por eso, en tanto los terroristas reivindicaban sus crímenes, los militares debieron ocultarlos; de un lado había muertos, del otro desaparecidos.

Las Fuerzas Armadas y sus defensores alegaron la imposibilidad de vencer al terrorismo con los recursos de la ley. Numerosos ejemplos contemporáneos muestran la falsedad de esta aseveración. El Estado democrático alemán venció legalmente al grupo terrorista Baden-Meinhof, y del mismo modo lo hizo el Estado democrático italiano con las Brigadas Rojas, o los asesinos de Aldo Moro -el Aramburu italiano-, o como el Estado español lucha legalmente contra ETA. El argentino recurrió, por el contrario, a métodos ilegales e ilegítimos porque no era un Estado de derecho sino una dictadura, y el Ejército había dejado de estar al servicio de la ley desde los sucesivos golpes de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976.

Por otra parte, cuando las Fuerzas Armadas alegaban no poder vencer al enemigo sino con la violencia, usaban el mismo argumento soreliano empleado por la guerrilla cuando decían que la justicia social no se podía imponer por las leyes de la burguesía, sino por el aniquilamiento de ésta.Las Fuerzas Armadas no tienen, pues, autoridad moral para reivindicar como una gesta heroica su triunfo sobre la guerrilla. Fueron algunos de sus propios camaradas de armas los primeros en condenarlos: el general Martín Balza, que sufrió por sus ejemplares declaraciones la marginación de sus pares; y el general Lanusse cuando dijo: "¿Qué se puede esperar de unos militares cuyas mujeres toman el té en vajilla robada?".

Tampoco tienen autoridad moral los ex terroristas para presentarse como injustamente perseguidos. Porque el objetivo de la guerrilla nunca fue la defensa de la democracia sino la instauración de otra dictadura de distinto signo pero igualmente sangrienta: su modelo era el castrismo. Quienes habían considerado como desdeñables "formalismos burgueses" los derechos humanos y las garantías jurídicas no hubieran debido, cuando caían prisioneros, exigir que se cumplieran los requisitos del juicio y la defensa, formalidades que ellos no habían dispensado a sus prisioneros en las "cárceles del pueblo".

Menos aun tenían autoridad moral para pretender, después de la derrota, integrar las organizaciones de defensa de derechos humanos.Los años de plomo, tres décadas después, siguen estando presentes, demonizados o santificados, ya sea para manipularlos políticamente o para trivializarlos en pseudohistorias televisivas, o para avivar la memoria -inevitablemente emocional y rencorosa- de víctimas y victimarios.

La memoria individual o de grupo es lícita en cuanto expresión de sufrimientos vividos, pero deja de serlo en cuanto pretende erigirse en único referente de la verdad. La historia debe desprenderse de la política inmediata y de la memoria -una de sus fuentes, pero sólo una-, hacer la crítica de la ideologización, del recuerdo selectivo y del mito, mediante una comprensión desapasionada, que no es lo mismo que justificación.

Sólo de ese modo habremos aprendido una lección, los años setenta entrarán definitivamente en el pasado, y podremos construir mirando al futuro una sociedad democrática.

por Por Juan José Sebrelli

enDiario Perfil 19 de marzo de 2006

Ausencia de un revisionismo serio: Un golpe contra nadie

El absurdo de pretender que la tragedia de los `70 se inicia un 24 de marzo de 1976 no es otra cosa que la consecuencia de tantos años en ausencia de un revisionismo histórico serio y desideologizado.
En rigor, la descontextualización de los hechos constituye el arma mejor aprovechada por el setentismo contemporáneo para deformar nuestra historia reciente. El objeto no es otro que omitir las causas y difundir tan sólo los efectos (una verdad a medias es mentir dos veces).
Lo cierto es que antes del 24 de marzo de 1976, un conjunto de situaciones catastróficas (a la sazón, omitidas por los historietistas mediáticos) tenían lugar en la Argentina: las organizaciones terroristas que operaban desde la década del '60 se encontraban en su momento de mayor auge; el país era gobernado por Isabel Perón, una mujer de escasa formación académica y nula experiencia política que, en medio del caos y la anarquía reinante, tomaba licencias alegando problemas de salud y se la vinculaba en polémicos casos de corrupción; y como si todo esto fuera poco, la economía se derrumbaba mientras sus ministros se sucedían a un ritmo nunca antes visto.
En puridad, la República respiraba un verdadero vacío de poder que se reflejaba día a día en las expresiones de la desorientada clase política que, de a poco, iría abandonando el gobierno.
"La Argentina está viviendo una situación límite", ponía de manifiesto el senador Cerro ya en septiembre de 1974.
"Realmente, frente a tanta violencia, tanta sangre, confieso que me estoy quedando sin palabras", admitía, a inicios de 1975, el senador Frúgoli.
"El país no puede transcurrir un minuto más en este desgobierno", agregaba el diputado Ferreira. Téngase en cuenta que las expresiones analizadas tenían lugar cuando todavía faltaban muchos meses para marzo de 1976.
Los diarios de la época también ponían de relieve esta extrema situación, incluyendo a la prensa extranjera que, sin disimular el asombro y la preocupación, describía a la perfección el clima de anarquía que vivía nuestro país.
El "Sunday Telegraph" , de Londres, por ejemplo, en su edición de agosto de 1975, informaba: "Con una inflación que pasó la barrera del sonido y una orgía de asesinatos, la Argentina se encamina hacia el punto de desintegración".
En extrema síntesis, así llegamos a los días previos del 24 de marzo de 1976 cuando la situación, lejos de mejorar, empeoraba cada día. A pesar del caos que sacudía al país, la clase gobernante seguía sin brindar solución alguna y se pronunciaba en todo momento desconcertada.
"¿Qué podemos hacer? Yo no tengo ninguna clase de respuesta", se sinceraba una semana antes del golpe el diputado Molinari. El diario "La Opinión" , del 19 de marzo, daba cuenta del alevoso accionar del terrorismo subversivo, titulando en su tapa "Un muerto cada cinco horas y un atentado cada tres", a la par que el izquierdista Américo Ghioldi pronunciaba frente a la prensa que "el gobierno, o mejor dicho el régimen, muestra signos de agotamiento. No pueden hacer nada ante el derrumbe monetario, la semiparálisis del aparato productivo y la inseguridad de vida".
Lo cierto es que el gobierno de Isabel iba cayendo solo, sin la necesidad de que ninguna fuerza lo derribara, y ya el 21 de marzo el diario "Clarín" informaba: "Los legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias".
Otro matutino agregaba: "No quedan ni los pungas en la zona del Congreso". Cuenta Juan B. Yofre, quien ha investigado a fondo estos sucesos, que "la gran mayoría de los legisladores vaciaron sus escritorios, carpetas y retiraron sus heladeras portátiles".
Es dable destacar la expresión utilizada por el secretario general de la CGT, Casildo Herreras, quien en medio de la anarquía se había exiliado a Montevideo en compañía de otros dirigentes. "Me borré", dijo ante periodistas.
Francisco Manrique, presidente del Partido Federal, cuando todavía ninguna fuerza militar había derrocado a Isabel, no sin razón sentenciaba: "Estamos asistiendo al sepelio de un gobierno muerto".
El 24 de marzo de 1976 había llegado y las FF.AA, desplazando a lo que quedaba del gobierno peronista, se hacían cargo del país. Quizás el pronunciamiento más ilustrativo para completar este poco conocido panorama fue el del vicepresidente del justicialismo, Deolindo Felipe Bittel, que le gritaba al secretario de prensa de Isabel Perón: "Chau, papá, hasta mañana. Esto hay que festejarlo con champaña. Todo se ha disipado". Vale decir, los residuos del partido gobernante festejaban su propio derrocamiento.
En rigor de verdad, el golpe no había sido contra nadie, pues la clase política no sólo se había desentendido de la extrema situación que afrontaba el país sino que hasta había, en gran medida, desalojado voluntariamente el gobierno mucho antes de la intervención militar (no se trata de justificar este hecho sino promover un revisionismo serio).
Basta con recordar que Ricardo Balbín en aquellos días expresaba que "nunca fue tan fácil como en este momento para las Fuerzas Armadas tomar la Casa de Gobierno: porque no hay nadie en ella".

Los desaparecidos que desaparecieron de la memoria
Como en los anteriores 24 de marzo, los discursos tocarán inevitablemente la siempre presente cuestión de los terroristas desaparecidos, aunque sólo limitándose a denunciar aquellos casos producidos luego del "golpe" cuando, en rigor de verdad, la técnica de la desaparición fue implementada años antes por el gobierno constitucional.
En efecto, el mismísimo informe de la Conadep contabilizó más de 750 casos de desaparición de personas durante el peronismo, registrándolos en el famoso libro Nunca Más (más citado por la izquierda que efectivamente leído).
Es dable, asimismo, destacar que los Montoneros, desde la revista Evita Montonera , ya en su número de marzo de 1975 denunciaban públicamente "un número indeterminado de secuestrados y desaparecidos".
En consecuencia a lo expuesto, cabe preguntarse: ¿por qué recordar sólo a los desaparecidos posteriores al 24 de marzo de 1976? ¿Deberíamos pensar que cuando un gobierno de signo constitucional comete tal aberración es legal y tolerable, mientras que cuando uno de facto la pone en práctica es ilegal y reprochable?

Derechohumanistas de hoy, procesistas de ayer
Por más que en el presente muchas figuras públicas intenten ocultar a través de la santificadora bandera de los derechos humanos su adhesión al Proceso en otrora, existe documentación que compromete a más de uno.
Caso a destacar es el de quien fuera nada más ni nada menos que fiscal durante el famoso Juicio contra las Juntas Militares, el doctor Julio Strassera, siempre listo para llenarse la boca de derechos humanos frente a los medios de comunicación.
En rigor, este inefable personaje, desde 1976 hasta 1982 se desempeñó como fiscal y juez. En ambas condiciones juró por los Objetivos Básicos del Proceso, los Estatutos y sus Actas. ¿Por qué, en su momento, obligado por la función que ejercía, el doctor Strassera no denunció las desapariciones de personas que en el presente tanto dice lamentar?
El ex procesista, hoy emblema de la lucha por los derechos humanos y la democracia, Ernesto Sábato, también constituye un caso a citar. Si bien el reconocido escritor fue elegido presidente de la Conadep por el gobierno de Alfonsín y comenzó desde entonces a horrorizarse por las secuelas que dejó la guerra contra el terrorismo, años antes le expresaba a Videla que "el país necesitaba un baño de sangre para purificarse" y hasta se daba el lujo de compartir banquetes con el mismo presidente de facto.
"Le agradecí personalmente a Videla el golpe de Estado del 24 de marzo que salvó al país de la ignominia y le manifesté mi simpatía por haber enfrentado la responsabilidad de gobierno", declaró ante la prensa a la salida de un almuerzo.
Por su parte, la familia Timerman, hoy tan comprometida con los derechos humanos, hace treinta y tres años recibía con euforia al gobierno de Videla a través del diario "La Opinión" (de Jacobo Timerman), poniendo de manifiesto que "si los argentinos, como se advierte en todos los sectores --aún dentro del ex oficialismo--, agradecen al gobierno militar no menos cierto es que también le agradecen la sobriedad con que actúan".
En consecuencia a todo lo expuesto, es dable señalar que ocultar el contexto en el que sucedieron los acontecimientos del 24 de marzo de 1976 no es otra cosa que promover un revisionismo maniqueo e ideologizado; luchar por los desaparecidos posteriores a la instauración del gobierno de facto y olvidar a los anteriores no es sino una de las tantas pruebas de que la memoria y la justicia no son los objetivos reales del setentismo; silenciar que, en su momento, la población no armada apoyó aquella gestión (incluidos muchos de los hoy abanderados de los derechos humanos) es lo mismo que despojarnos a la fuerza de nuestras responsabilidades que, como sociedad, tuvimos en los sucesos que hoy recordamos.

Por Agustín Laje Arrigoni en La Nueva Provincia http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/24/03/2009/93o013.html

Acerca de la “kakistocracia”

En el artículo anterior procuramos reivindicar el término y el concepto de aristocracia, tan menospreciado en nuestra época. Allí dimos las razones históricas y conceptuales para mostrar que la democracia –para ser auténtica y no mera palabra hueca o simple mecanismo electoral que diera el triunfo a la mitad más uno- lejos de oponerse a aristocracia debía completarse e impregnar de su espíritu; es decir, lejos de abjurar del gobierno de los mejores (aristocracia) debía aspirar a ello, a riesgo de dejar de ser democracia.

También advertimos que parecería existir una tendencia general (en todos los órdenes y no sólo en cuestión de gobiernos) de buscar o de conformarse con los peores. Y de aquí, decíamos también, resulta que a veces acceden al poder un conjunto de individuos que por sus turbios antecedentes, por su frágil moral, por su ausente capacidad y otros rasgos afines conforman “el gobierno de los peores”, y entonces se nos ocurrió proponer para denominarlo el término kakistocracia.

Con posterioridad y no sin satisfacción hemos visto que el término halló eco en distinguidos colaboradores de esta página y en otras publicaciones y medios. Es que las palabras nacen y se imponen cuando hay cosas que designar. Si el término en cuestión tuvo eco, fue simplemente porque hacía falta!. Y precisamente por todo esto deseamos hacer algunas reflexiones más al respecto.

Se nos ha dicho y hemos leído que kakistocracia es sinónimo, o sería lo mismo, que chantocracia, vocablo formado no sin cierta arbitrariedad, con una expresión del lunfardo porteño (chanta) y una desinencia griega (kratía). Sin restarle toda validez a este término, debemos señalar que no hay tal sinonimia, al menos en la intención que quisimos darle a “kakistocracia”. El chanta es esencialmente un embaucador, un embustero, un trepador, alguien que habla mucho sin decir nada; en rigor, un macaneador, según el diccionario designa “al que no hace lo que dice” y “al que hace mal alguna cosa”. El chanta, en el lunfardismo porteño, designa, pues, un personaje nada recomendable, pero no demasiado perjudicial (a no ser por su capacidad de confundir las cosas) y, en definitiva, diríamos, casi inocente.

En cambio, kakistos, en griego es el superlativo de kakos. Kakos significa “malo”, y también, “sórdido”, “sucio”, “vil”, “incapaz”, “innoble”, “perverso”, “nocivo”, “funesto”, y otras cosas semejantes.

Luego si kakos es lo malo, kakistos, superlativo, es lo más malo; es decir, lo peor. Plural de kakistos es kakistoi; es decir, los peores. De ahí que se nos ocurriera kakistocracia: gobierno de los peores.Nos parece que surgen claras las diferencias entre el “chanta” y el kakistos. Hay varios matices, pero sobre todo hay un aspecto moral; el “chanta” puede ser –y frecuentemente lo es- inocente; el kakistos, en el sentido empleado es absolutamente responsable y culpable. Además, es el peor.

El significado profundo y real de kakistocracia sólo se capta en contraposición con aristocracia. Además –que designaba al “gobierno de los mejores” como aristocracia, e incluso circula otro de más reciente gestación- mediocracia : ¿porqué no acuñar un vocablo que designara no ya a los mediocres, sino decididamente a los peores?. ¿O es que los peores no tienen acceso a los gobiernos?. Ignoramos que haya alguna ley –escrita al menos- que lo impida. Y si esa ley existe, de hecho ha sido violada.

Cuando un grupo o un pueblo cede en su afán de promover a los mejores, entra indefectiblemente en un tobogán y pasando por los mediocres termina en los peores. No estamos aquí cuestionando formas de gobierno o modos de elegir gobernantes. Este es otro tema que quizá abordemos en una próxima oportunidad. Se trata fundamentalmente de un espíritu, de una inspiración, de una exigencia profunda de la conciencia individual y de la conciencia colectiva. Se trata de tender hacia abajo –mera gravitación- o de tender hacia arriba –afán de perfección-. Se trata de exigir y de exigirse menos o de exigir y de exigirse más. Se trata, en fin, de ser rebaño o de sentirse y actuar como persona humana. Porque la kakistocracia no sólo es un atentado contra la ética –ya de suyo infinitamente grave- sino también contra la estética, una falta de buen gusto.

Por Jorge Luis García Venturini

29 de marzo de 1975 - La Prensa

Aristocracia y democracia

De las alternativas semánticas sufridas en el transcurso del tiempo, estos vocablos parecieron tener significados opuestos. La participación de todos en la cosa pública fue denominada democracia (aunque como forma de gobierno el nombre correcto era república), y como tal se enfrentaba a la participación de sólo unos pocos, lo que se denominaba aristocracia y, también, oligarquía, términos éstos que se usan indistintamente, lo cual tampoco es correcto.

La democracia –en el lenguaje ligero y convencional– suele resultar así lo contrario de la aristocracia. Pero esto reclama una mayor atención, pues detrás de una falsificación semántica se esconde siempre una falsificación conceptual y entran en juego principios fundamentales.

Si por aristocracia entendiéramos una clase social que por su linaje está investida de numerosos privilegios, entre ellos el de gobernar, siendo estos privilegios hereditarios e inalterables cualquiera sean los verdaderos valores éticos o la efectiva capacidad para hacerlo, es cierto que la democracia (y la república) constituyen lo contrario de aquel sistema. Y en buena hora. Pero resulta que aristocracia significa también y fundamentalmente el “gobierno de los mejores” (aristos es, en griego, el mejor), y en tal sentido democracia no tenía por qué oponerse a aristocracia, al menos que se deseara algo que no debería desearse, esto es, el gobierno de los peores. Sin embargo, la incuria del lenguaje, que nos hace decir a veces lo que no queremos decir, nos ha llevado con mucha frecuencia a asociar aristocracia con oligarquía, que no es el gobierno de los mejores sino de unos pocos (y según su sentido tradicional, el gobierno “egoísta” de esos pocos), y a enfrentar democracia a aristocracia, en el elevado significado de este término.

Y como el lenguaje nos condiciona y aun nos determina –como dirían los estructuralistas, “yo no hablo, soy hablado”– en no pocas conciencias democracia pasó a significar o a implicar la mediocridad, la medianía (la llamada mediocracia), o directamente la posibilidad de acceso al poder de los menos aptos, de los inferiores, aun de los incapaces y de los peores.
Hay casos en que ya no se trata de aristocracia ni de democracia sino abiertamente de kakistocracia (1).

En nuestros días todos se autodenominan democráticos y casi no hay quien se diga aristocrático; este término puede sonar casi a un insulto. Y esto es muy grave. Porque al socaire de los términos mal empleados, se ha ido perdiendo el sentido de lo mejor, desplazado paulatinamente por el conformismo ante el mediocre y aun, de hecho, por la aceptación de lo peor. Y lo más triste es que eso se haga en nombre de la democracia.

La democracia (preferentemente en su verdadero significado de forma de vida, pero aun también en el sentido de forma de gobierno) sólo puede funcionar efectivamente y realizar los elevados pronósticos que le atribuimos los que nos llamamos democráticos, si no se opone a la aristocracia, sino que se complementa y se impregna de ella. Por ser democráticos, ¿habríamos de no aspirar al gobierno de los mejores? En nombre de la democracia, ¿habríamos de aplaudir al gobierno de los peores?

Y adviértase una cosa. Que esto del gobierno de los peores no son meras palabras. Hay casos en la historia en que diversas circunstancias hacen posible la toma del poder a quienes rigurosamente son los peores, por sus turbios antecedentes, por su frágil moral, por su ausente capacidad y otros rasgos afines.

El ideal aristocrático está presente en la mejor tradición occidental. Aun ya en la epopeya homérica el concepto de areté (de la misma raíz que áristos) es el atributo propio e indeclinable de la nobleza. Areté es el valor, el talento, el honor, la virtud, la capacidad, el señorío. En los filósofos clásicos y en los tiempos medios siempre se afirma la necesidad del “gobierno de los mejores”, aunque nunca fue fácil lograr la fórmula para realizarlo. Y aun Rousseau, inteligentemente, señala como la mejor forma de gobierno no la democracia (que él entiende en el sentido de ejercicio directo de poder por la multitud) sino la aristocracia electiva, convencido de que del sufragio surgirían los mejores, aunque reconoce que el procedimiento puede fallar. Pero lo que nos interesa destacar aquí es que un hombre del siglo XVIII, un vocero de la revolución, un antimonárquico y un antiaristocrático (en el sentido de aristocracia clasista y hereditaria) haya insistido en el término aristocracia para designar la forma ideal de gobierno.

En nuestro siglo tenemos el caso, no ya de un pensador sino de un político activo, que constituye un verdadero modelo de lo que queremos decir. Se trata de Winston Churchill, el mayor de los aristócratas. Su sentido democrático fue realmente excepcional. Nadie defendió con tanta lucidez y decisión la democracia como forma de gobierno y como forma de vida. A nadie le debe tanto la democracia. Hasta tuvo el gesto de no aceptar (cosa que no hicieron sus colegas, incluso laboristas) como premio un título de nobleza, conformándose con el de sir, porque de lo contrario no hubiera podido seguir asistiendo a la Cámara de los Comunes, su templo, su trinchera. El era antes que nada un child of the House of Commons, como tantas veces se autocalificara en sus brillantes discursos. Sin embargo, nunca dejó de ser un lord, ya que lo era por su linaje, un señor del espíritu, en sus gestos, en sus palabras, en sus hábitos y en su talento, cabal personificación de la vieja areté homérica y caballeresca.

Peligrosa tendencia de nuestro tiempo de mediocrizar, de igualar por lo más bajo, de apartar a los mejores, de aplaudir a los peores, de seguir la línea del menor esfuerzo, de sustituir la calidad por la cantidad. La verdadera democracia nada tiene que ver con esas módicas aspiraciones. No puede ser proceso hacia abajo, mera gravitación, sino esfuerzo hacia arriba, ideal de perfección. Y esto vale tanto para la conciencia individual como para la conciencia colectiva, que se interaccionan. Decía muy bien Platón que “la calidad de la polis no depende de las encinas ni de las rocas, sino de la condición de cada uno de los ciudadanos que la integran”.

El cristianismo y el liberalismo, cada uno en su momento, fueron grandes promotores sociales, pues quebraron estructuras excesivamente rígidas e hicieron que los de abajo pudieran llegar arriba. En tal sentido fueron dos grandes procesos democráticos. Pero ninguno de sus teóricos abogó por la mediocridad ni renunció al “gobierno de los mejores”. Sólo el populismo actual, que no es democrático sino totalitario, adjura del ideal aristocrático y entroniza a los inferiores.
Qué lástima.

(1) Kakistoi: los peores. Es decir entonces, “gobierno de los peores”. Pensamos que sería ilustrativo la divulgación de este vocablo, dadas las circunstancias que atravesamos.

Por Por Jorge Luis García Venturini

29 de diciembre de 1974 - La Prensa

Carta a la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino

Ciudad de la Habana, Cuba

2 de Marzo del año 2009

Sr. Senador Carlos Alberto Rossi
Miembro de la Comisión de Derechos HumanosParlamento Latinoamericano

Distinguido Sr. Senador:

Me dirijo a usted, en su condición de Miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, con dos objetivos fundamentales:

PRIMERO:
Es perfectamente conocido que en Cuba, mi Patria, el gobierno implantado en el poder desde hace medio siglo, muestra un lamentable expediente en materia de derechos humanos, a pesar de las informaciones tergiversadas y manipuladas, y de la profusión de mensajes propagandísticos, que con el propósito de confundir, utilizan este gobierno y sus insensibles aliados internacionales. Como primer objetivo de la presente carta, a continuación le expongo concretamente, tres censurables realidades, que sin lugar a dudas, constituyen violaciones sistemáticas e institucionalizadas, de elementales derechos humanos y familiares.

1.- Cual esclavos contemporáneos, los cubanos, sin excepción, no solamente necesitamos de permisos estatales para entrar y salir de nuestro país, sino que además, estos permisos se otorgan arbitrariamente, se demoran y se niegan; y estamos incluso obligados a pagar tales autorizaciones de viaje, a un precio elevado en moneda convertible.

Mi familia ha sido y es víctima de esta arbitraria disposición. Desde el año 1994, las autoridades de la isla me han prohibido viajar al exterior, por lo que he permanecido casi 15 años sin poder abrazar a mi único hijo y su esposa, residentes en la Argentina; y no conozco a mis dos nietos, los que en el presente 2009, cumplirán 14 y 8 años respectivamente. En el año 2006, el gobierno, despiadadamente y sin explicaciones, negó a mi madre el permiso requerido para visitar a nuestra familia en la Argentina. A pesar de que se trataba de una anciana de 88 años de edad en aquel momento, gravemente enferma, postrada en un sillón de ruedas, sin nexos con el proceso político imperante en nuestra nación, y en peligro de morir aquí implorando que le permitieran reunirse con sus seres queridos, ella fue retenida por la fuerza durante dos años en Cuba, hasta que después de múltiples gestiones, en mayo del pasado 2008, el gobierno del General Raúl Castro, le otorgó el esperado permiso.

La situación de mi familia no constituye una excepción en la Cuba post-1959. Actualmente, un número no determinado pero elevado de familias inocentes, sufren la injusta separación de padres e hijos, abuelos y nietos, hermanos, esposos, y otros familiares en general, pues se le niega el permiso gubernamental de salida o entrada, a alguno de sus miembros. Y estos compatriotas padecen y lloran en silencio su dolor, porque están dominados por un miedo paralizante, que les impide reclamar el respeto a sus derechos más elementales.

Al arrogarse la potestad de permitir o no, que los nacidos en esta tierra salgamos de nuestra propia Patria y regresemos a ella, el gobierno cubano no respeta la libertad de circulación definida en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y por tanto incurre en una flagrante violación de los derechos humanos y familiares; y en una grave injerencia en la vida privada y familiar de los ciudadanos de este país.

2.- Los cubanos sólo contamos, para algo tan importante como es la instrucción de nuestros hijos y nietos, con el estatal Sistema Nacional de Educación. Los programas de estudio de este Sistema, totalmente politizados, están orientados al adoctrinamiento de los educando, en base a los postulados marxista-leninista, y según los intereses gubernamentales. Al no existir en Cuba otras opciones de estudio, los padres y las familias en general, hemos sido despojados del sagrado derecho a decidir los principios en los que deseamos educar a nuestros descendientes.

3.- Los cubanos carecemos en el país, de órganos permanentes e independientes del gobierno, ante los que podamos presentar las denuncias relacionadas con las violaciones de nuestros derechos.

SEGUNDO:
Como segundo objetivo de esta misiva, dirijo respetuosamente a usted, dos solicitudes:

a) Teniendo en cuenta, que sobre este importante tema existen discrepancias insalvables entre lo que las autoridades cubanas aseguran, y lo que múltiples personas y organizaciones afirmamos, les ruego soliciten al gobierno de mi país, la posibilidad de que personalidades prestigiosas, imparciales, y realmente comprometidas con la defensa de los derechos humanos, viajen a Cuba; y con absoluta libertad, sin restricciones, manipulaciones, ni coacciones, comprueben in situ, la verdadera realidad al respecto.

b) Les pido, como organización comprometida con la causa de los derechos humanos, que soliciten al gobierno cubano, el estricto cumplimiento de los compromisos que ha contraído con el Parlamento Latinoamericano, con las Cumbres Iberoamericanas; y como país signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Convención para los Derechos del Niño, en aras de que cesen en nuestra Patria, los actos institucionalizados que implican abuso de poder, que atentan contra la dignidad humana, y que conculcan derechos básicos personales y familiares.

Muchas gracias por su atención.
Que Dios los bendiga.
Dra. Hilda Molina