Argentina: El resultado de posponer los ajustes

No vamos rumbo a una nueva crisis, ya estamos sumergidos en ella y se la observa claramente en la fuga de capitales, la fuerte recesión, los problemas fiscales y el incremento en las tasas de desocupación e inflación.

Luego de 6 años de supuesto crecimiento económico, Argentina está sumergida nuevamente en otra profunda crisis y todos esperan la devaluación para luego de las elecciones, si es que finalmente votamos el 28 de junio. Y vale la duda sobre el 28 de junio porque en la Argentina de Néstor Kirchner todo es posible, hasta podría pasar que ocurriera algún “inesperado” enfrentamiento civil que llevara a declarar el estado de sitio y se suspendieran las elecciones. Eso solo lo dirán las encuestas y los comportamientos sin límites que vemos a diario.

¿Qué podemos esperar que ocurra luego de las elecciones? En rigor son muchos los escenarios políticos posibles que podemos tener luego de las elecciones y, por lo tanto, diferentes los escenarios económicos. No es lo mismo el escenario en que si pierde la mayoría el oficialismo se cumpla la promesa del piquetero Pérsico y los Kirchner se vayan, a que intenten mantenerse en el poder como sea o que traten de ignorar el resultado de las elecciones. Pero sí hay un dato cierto. No observo en la dirigencia política actual, en todo su arco y aclarando que siempre existen excepciones, una profundo vocación por instrumentar las reformas de fondo en la economía. A saber: a) bajar el gasto público y hacerlo eficiente, b) establecer un sistema tributario que en vez de espantar atraiga las inversiones, c) adoptar reglas de juego en que la redistribución del ingreso se produzca por el mérito de cada uno para satisfacer las necesidades de la gente, d) un régimen de coparticipación federal por el cual los municipios coparticipen a las provincias y estas a la nación y una serie de medidas adicionales que permitan establecer reglas de juego competitivas.

Obviamente que no es lo mismo tener a un desaforado en poder totalmente imprevisible en sus comportamientos cuál Nerón, capaz de incendiar Roma con tal de zafar de las responsabilidades que le caben, que a alguien equivocado en sus políticas pero con nociones de ciertos límites en el poder que ejerce. En el primer caso no hay diálogo posible porque la locura impide cualquier razonamiento. En el segundo, si hay error pero no hay locura, es posible corregir el rumbo porque se puede dialogar, convencer, intercambiar ideas, comparar resultados, entre otras.

Mi impresión es que una vez que finalice la era de los dislates kirchneristas, va a haber mucho para discutir en materia de política económica. Es que, como señalaba antes, no observo en el conjunto de la dirigencia política una profunda vocación por los cambios estructurales que necesita la economía para evitar estas reiteradas crisis de devaluaciones, confiscaciones y ajustes por el lado del salario real.

Dicho en otras palabras, sabemos que luego del 28 de junio, como la situación fiscal es insostenible, el ajuste que se hará, particularmente Kirchner, consistirá en reducir el gasto público en términos reales vía una devaluación y un salto inflacionario. Hoy más del 50% del gasto público de la Nación son salarios y jubilaciones, los cuales, medidos en dólares, han aumentado hasta niveles que, incluso, superan a los que regían en la convertibilidad. Ahora bien, ante la ausencia de una profunda vocación por reducir en serio el gasto público en sus niveles nominales, lo que aparece como inevitable es que se lo termine reduciendo vía una licuación. Léase devaluación y salto inflacionario.

La referencia más cercana que tenemos en el tiempo es lo que pasó en el 2001. Primero López Murphy quiso aplicar una reducción nominal de gastos ineficientes del orden de los U$S 2.000 millones. Los progresistas le saltaron a la yugular acusándolo de querer hacer el ajuste por el lado de la educación, de insensible y mil cosas más. López Murphy se fue, Cavallo intentó zafar de la baja del gasto hasta que no pudo aguantar más la situación fiscal y primero anunció el déficit cero y luego hizo recortes nominales del gasto. Lamentablemente ya era tarde y la fuga de capitales por la desconfianza derivó primero en el corralito y luego vino el cambio de gobierno con el default y la devaluación. El ajuste terminó siendo 4 veces mayor que el que había propuesto López Murphy con costos altísimos en términos de transferencias de ingresos y de patrimonios.

Néstor Kirchner nos ha puesto un rumbo de colisión que ya es imposible de evitar. La crisis económica que recién comienza terminará en otra más profunda porque si no se produce una reforma del Estado para equilibrar las cuentas y en recrear la confianza para que vuelvan las inversiones, este nivel de gasto público será infinanciable y, por lo tanto, el ajuste se hará, nuevamente, a lo guarango. Es decir, devaluando para generar un salto inflacionario que contraiga en términos reales el gasto público en su componente salarios y jubilaciones. Claro que hacer semejante cosa en este contexto recesivo implica asumir una brutal caída de la actividad, porque no nos engañemos, en el 2002 no fue la devaluación lo que salvó a la Argentina, sino el aumento de los precios de los commodities que se produjo posteriormente. Hoy, una devaluación no solo contraería más el consumo, sino que, en este contexto de falta de previsibilidad en las reglas de juego, impedirían compensar la caída del consumo interno con más inversiones y exportaciones. El caos social que puede producir semejante decisión puede llegar a ser memorable.

Es por eso que mi sugerencia es que no solo basta con evitar la locura en el poder. Si no queremos caer recurrentemente en nuevas crisis, tenemos que decidirnos a encarar el más largo pero eficiente camino hacia la prosperidad. Esto significa crear condiciones para que la economía sea competitiva (reducción del gasto del Estado, sistema tributario pagable, incorporación al comercio mundial, respeto por los derechos de propiedad, etc.) de manera que sea el mayor stock de capital el que produzca abundancia de bienes. Las mayores inversiones más puestos de trabajo y, de la combinación de ambas variables, un incremento sólido del ingreso real de la población.

Kirchner, al igual que muchos de sus antecesores pero en forma más acentuadamente, nunca quiso hacer reformas estructurales. Solo buscó confiscar riqueza (flujos y stocks) para financiar un gasto público creciente. Para él, como para muchos políticos argentinos, bajar el gasto público es reaccionario y de derecha. Los progres consideran una herejía bajar el gasto público. Por eso, cada vez que intenta esquivar la moto, chocamos contra el camión. Esto es, de tanto evitar hacer reformas estructurales, respectar la propiedad privada, no esquilmar a los contribuyentes e incorporarnos en el mundo, terminamos chocando con crisis monumentales que tienen un costo elevadísimo para la sociedad. No es casualidad que Argentina viva en una continúa decadencia, porque persistimos en agradable sonido de frases vacías como redistribución del ingreso, justicia social, defensa de la producción nacional y un sinfín de infantilismos que lo único que generan son políticas regresivas que siempre terminan perjudicando a los sectores de menores ingresos, espantando más inversiones y creando más desocupación y miseria. El discurso progresista al único progresismo que nos ha llevado es al progreso hacia la decadencia.

Kirchner ha aplicado todas estas frases vacías con sus correspondientes políticas inconsistentes hasta su máxima expresión y cuando vio que la cosa no funcionaba y estaba por chocar contra la moto, no terminó estrellando contra el camión.

Por Roberto Cachanosky

Profesor titular de Economía Aplicada en el Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica en el Master de Economía y Administración de CEYCE, y Columnista de temas económicos en el diario La Nación (Argentina) en http://reflexioneslibertarias.blogspot.com/2009/05/argentina-el-resultado-de-posponer-los.html

El proteccionismo tecnológico y nuestro aislamiento

El Poder Ejecutivo Nacional acaba de enviar un proyecto de ley al Congreso para aumentar fuertemente los impuestos a las importaciones de productos electrónicos como computadoras, notebooks , celulares y monitores de televisión, a los que la iniciativa del Gobierno califica de "bienes suntuarios" cuando forman parte de las industrias de punta que están revolucionando el mundo moderno, con el objeto de proteger a las fábricas electrónicas radicadas en Tierra del Fuego.

El objetivo de todo gobierno es promover el bien común. Aceptada esta premisa, surge una pregunta: ¿qué es mejor para los argentinos, proteger a determinadas industrias que ofrecen a cambio un modesto aumento de sus inversiones y de su capacidad de dar empleo, o resguardar la capacidad de compra de los millones de argentinos que hoy se están beneficiando en sus casas, en sus negocios y en sus escuelas con la llegada de los productos electrónicos más avanzados, cuya difusión es uno de los rasgos característicos del mundo moderno? Con otras palabras, ¿qué es mejor para los argentinos, ¿el proteccionismo o el librecambio?

La necesidad de optar entre el proteccionismo y el librecambio nos ha acompañado desde antiguo. Los sectores más competitivos de nuestra economía, como el campo, han preferido desde siempre la libertad de comercio porque sus productos agrícolas y ganaderos no tienen rivales en el mundo. Nuestra producción industrial, en cambio, ha necesitado protección. La Argentina económica, como el dios Jano, tiene dos caras. Desde el campo, es librecambista. Desde la industria, es proteccionista. Lo inverso ha ocurrido con el proteccionismo agrícola y el librecambio industrial de los europeos.

Tanto nuestro país como los países europeos han infringido entonces, cada cual a su manera, la tesis del escocés Adam Smith en La riqueza de las naciones, según la cual la causa del extraordinario progreso económico del mundo moderno ha sido la ampliación constante de los mercados porque, si cada vez más personas producen los bienes que saben hacer mejor y los intercambian por las mercaderías más baratas y avanzadas que producen otras personas igualmente eficientes, lo que resulta de la circulación consiguiente de esta "bola de nieve" de la abundancia, es "la riqueza de las naciones".

Cuando la tesis de Smith, que fue formulada a fines del siglo XVIII, ingresó de lleno en la Revolución Industrial, si bien de un lado estimuló como nunca se había visto el desarrollo económico de las naciones, del otro lado se encontró con que algunas naciones se habían desarrollado antes que otras. Las naciones de desarrollo industrial "tardío" abrigaron entonces el justificado temor de que, si el comercio internacional se expandía sin ninguna clase de rectificación política, serían aventajadas por las naciones de desarrollo industrial "temprano".

Fue a partir de este desnivel competitivo que nació entre nosotros el áspero debate entre librecambistas y proteccionistas, un debate que, como lo muestra el reciente proyecto de gravar fuertemente a nuestras importaciones electrónicas, todavía nos acompaña.

La diagonal

Por un largo tiempo, el campo y la industria parecieron participar de un "juego de suma cero" a resultas del cual se pensó que, si un sector ganaba, el otro perdía. Pero digamos desde ahora que, con el revolucionario progreso que experimentó entre nosotros la agroindustria, dándoles vida a tantas ciudades del interior, se creó una saludable "diagonal" en virtud de la cual hoy resulta anacrónico hablar del campo o de la industria, como si fueran antagonistas, y hay que reemplazar en esta fórmula la "o" por una "y", ya que la Argentina ha pasado a ser altamente competitiva en el mundo no sólo en su producción agropecuaria sino también en su producción agroindustrial en rubros tales como la maquinaria agrícola y los aceites de origen vegetal.

Lo lógico sería entonces que nuestro país ampliara desde ahora la prometedora esfera del librecambio, reconociendo que abarca simultáneamente a los distritos rurales y a los distritos agroindustriales de provincias económicamente vitales como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Ello no quita, empero, que el dilema entre nuestra producción agraria y agroindustrial y nuestra industria general continúe vigente fuera de este círculo ampliado para alcanzar a otros rubros industriales, donde la oposición entre el librecambio y el proteccionismo aún no ha cesado.

Pero la insistencia proteccionista del gobierno de Kirchner se debe, contra esto, a dos potentes factores: uno "ideológico" y otro "emocional". La raíz ideológica del proteccionismo exagerado de Kirchner resulta, en este sentido, de que aún comulga con la anticuada visión del "juego de suma cero" al suponer que si el campo y la agroindustria "ganan", los grandes suburbios "pierden", una visión que conduce directamente al fracaso de todo proyecto verdaderamente progresista.

Pero a este obstáculo ideológico ha venido a sumarse un poderoso factor emocional por la razón de que Kirchner cree tener todavía una cuenta pendiente con el campo, que lo derrotó en 2008 y que todavía hoy les impide a él y a su esposa viajar sin una gran custodia policial al interior, contra el cual sigue maquinando su venganza.

Si el obstáculo ideológico es fácilmente refutable por la sencilla razón de que el campo podría ser otra vez la base de la recuperación argentina, como lo fue en 2002, ¿qué es lo que habría que hacer para superar el ánimo vengativo del ex presidente? Hundido como está en el subconsciente de quien aún concentra la suma del poder, ¿qué podría hacerse para rescatarlo de su profunda irracionalidad?

Contra el zigzag

La única manera de superar los restos que aún quedan del enfrentamiento residual entre el campo y la industria que hasta hoy nos perturba sería darse cuenta de que, si se lo considera en estado puro, el dilema entre el proteccionismo y el librecambio es insuperable porque sólo podría trascenderlo una estrategia gradual . Esta es la estrategia que concibió a principios del siglo XX ese gran estadista que fue Carlos Pellegrini, cuando fundó la Unión Industrial.

Esta estrategia consiste en reconocer que, en el plano de los principios, debe aceptarse la superioridad del librecambio porque sólo él es capaz de asignar con eficiencia los recursos mundiales y argentinos, pero admitiendo al mismo tiempo que el paso del proteccionismo al librecambio debe hacerse de tal forma que los países de desarrollo tardío como el nuestro lo recorran con un cuidadoso pragmatismo, en una suerte de proteccionismo suavemente descendente, para evitar los altos costos económicos y sociales de una abrupta transición.

Pero esto es lo que hasta ahora no hemos sabido hacer los argentinos, porque hemos pasado una y otra vez de un "proteccionismo absoluto" a un "librecambio absoluto", y viceversa, en un alocado zigzag, en un vertiginoso movimiento pendular que, en vez de ir firme y progresivamente del reino del proteccionismo absoluto al reino de un creciente librecambio, ha seguido el ritmo de un péndulo insensato que retrasó, en definitiva, nuestro desarrollo.

¿Alcanzaremos al fin este triunfo de la sabiduría política y económica que hasta ahora nos ha eludido? ¿Será posible recurrir finalmente a ese gradualismo que las ideologías y las pasiones nos han negado? El dramatismo de esta pregunta se vierte al fin en otra, que aún estamos a tiempo de contestar. Tanto en el plano político como en el plano ideológico, ¿podremos madurar?

Por Mariano Grondona

en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1131639

¿La crisis financiera se debe a la falla del mercado o a la intervención de los gobiernos?

La actual crisis financiera mundial ha abierto las puertas para echar la culpa a la falta de regulaciones, al fracaso de los mercados y al "capitalismo salvaje". Incluso se ha sostenido que mientras el fracaso del socialismo fue simbolizado por la caída del Muro de Berlín en 1989, el del capitalismo se cristaliza en la crisis financiera de los Estados Unidos iniciada en el año 2008. Entonces ¿es cierto que la actual situación es consecuencia de la excesiva libertad de los mercados, que llevó a los agentes económicos a actuar con avaricia y en forma irresponsable? ¿O encuentra su origen en procesos más profundos de intervención estatal en los Estados Unidos?

Orígenes de la burbuja inmobiliaria

En 1995, durante la "era Clinton" (1993-2001), el Congreso promulga la Ley de Reinversión Comunitaria (Community Reinvestment Act), por la cual los bancos con garantías de depósitos del gobierno (FDIC) debían prestar un porcentaje de su cartera a los sectores con menores recursos. Asimismo, en 1996 el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) dictaminó que Fanny Mae (Asociación Federal Nacional de Hipotecarias) y Freddy Mac (Corporación de Préstamos Hipotecarios de Vivienda) debían asignar entre el 12 y el 22% de la cartera de hipotecas a sectores de menores recursos. En 1997 se modificó la Ley de Crédito Federal (Federal Credit Act) para establecer que los préstamos hipotecarios deberían reflejar la composición de la comunidad en cuanto a raza, sexo y edad, a los efectos de disuadir la discriminación. Más tarde, la Administración Federal de Viviendas (FHA) extendió un seguro de default a los bancos que otorgaban hipotecas "sub-prime"a sectores de menores recursos (ingresos por debajo del 60% del promedio general),dado que en la mayoria de los casos no cumplian los parámetros para extenderles credito.

En este contexto, la incertidumbre generada a partir de la destrucción de las Torres Gemelas en septiembre de 2001 y la brutal caída de las cotizaciones de la industria tecnológica en marzo de 2000 incentivó -ya en el gobierno de Bush- a la Reserva Federal a reducir la tasa de descuento de 6,50% en 2001 a 1% en 2003.

La mayor demanda inmobiliaria elevó fuertemente los precios (13% por año) de las propiedades en las diez ciudades más importantes de los Estados Unidos desde 2001 hasta 2006 (Informe Shiller de Standard & Poor).

Por presión de la administración Bush a Fanny Mae y Freddy Mac (empresas allegadas al gobierno, no pagan impuestos municipales ni estatales) incrementaron peligrosamente su actividad, llegando a controlar la mitad del mercado hipotecario

(u$s 12 billones) . A partir de la compra de miles de hipotecas a bancos locales estas luego eran vendidas a bancos de inversión que las "empaquetaban" como MBS (Mortgages Base Securities) para vendérselas a bancos de primera linea y a fondos de pensión.

De esta forma, la situación se convertía en una "tormenta perfecta" para los intermediarios financieros que se manejaban con instrumentos que contaban con una garantía real (hipotecas); una renta mensual (fondos de pensión); un riesgo diversificado (miles de acreedores); una tasa de interés superior (bonos del Tesoro); una garantía de pago de AIG (mayor empresa mundial de seguros) y, finalmente, con un "grado de inversión" de Standards & Poors y Moody's (lideres en informes crediticios).

Una vez más, el interés en evitar el costo político de la caída del nivel de actividad predominó por sobre los bolsillos de los contribuyentes. Desde diversos ángulos, la futura gran explosión se advertía ya en el mes de febrero de 2007, cuando un banco de primera línea mundial y New Century Financial incrementaron drásticamente su provisión para pérdidas por hipotecas sub-prime (el porcentaje de atraso de hipotecas se estimaba en 12%). El Wall St. JournalFreeman, en "Sub-prime Monetary Policy", en noviembre de 2007, sobre la crisis del mercado hipotecario. En septiembre de 2008, al no ser rescatado el banco de inversión Lehman Brothers, el gobierno se dio cuenta de que podía haber una corrida en el sistema bancario.
comenta en el artículo "Our Sub-prime Fed", el 10 de agosto de 2007, y el

Rescatar el sistema financiero e industrial

La administración Bush se vio forzada a incrementar la garantia de los depositos a individuos a U$S 250.000 y las cuentas de Money Market a empresas y bancos, sin tope a través de la agencia federal FDIC ; a su vez la Tesorería -con la anuencia del Congreso- obtuvo la aprobación para un programa de rescate de u$s 700.000 millones. A través del programa TARP, el gobierno concedió préstamos a bancos y empresas con diferentes arreglos societarios. No obstante esto, el crédito inter-bancos y los pagarés de corto plazo (commercial paper) se paralizaron al no conocer el mercado cuánto había de activos tóxicos en el sistema.

Con la llegada de Obama se preveia que cambiaria el humor del mercado, ya que había condenado la especulación que produjo esta crisis. Pero no se refirio a las causas profundas de origen de la crisis :la distorsiva intervención de los gobiernos.

La propuesta presentada el lunes pasado por su administración intenta liberar a los bancos de activos tóxicos, pero los contribuyentes siguen siendo el pato de la boda. La propuesta consta de dos partes:

1) Nombran cinco firmas para valuar los activos tóxicos de los bancos. Los bancos no estan obligados a participar ni a presentar posibles activos a licitar.

2) Licitan estos activos la Agencia Federal de Depósitos (FDIC) con 88%, el Tesoro con 6% y los privados con 6%. En caso de que exista utilidad con los activos comprados, el 50% se lo lleva el sector gobierno y el otro 50%, los privados. En caso de pérdida la absorbe el gobierno, con un 93%, y los privados, con un 7%.

Una vez más, parece que los platos rotos serán pagados por los contribuyentes.

El daño moral y la solución del mercado

La política del gobierno parece confirmar que aquel que gana se queda con todo, y si pierde, se lo lleva el gobierno. Esto desvirtúa totalmente el mercado e incentiva conductas irresponsables y daño moral por parte del gobierno.

Otorgar u$s 173.000 millones a AIG, una empresa quebrada, sin negociar antes las condiciones estrictas en que serían desembolsado los fondos, es por lo menos irresponsable por parte de la administración de Bush. Luego de que los ejecutivos cobraran los honorarios por u$s 165 millones, Obama les exige que devuelvan ese monto cuando su administración iba a adelantar u$s 30.000 millones a AIG en marzo. En ese mes la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para sancionar un impuesto a las ganancias del 90% a los beneficiarios de estos honorarios. Esto no solo es anticonstitucional sino que no reconoce el Estado de Derecho de los contratos entre particulares (empresa y ejecutivos). No existe justificativo del gobierno por el manejo de este caso y otros similares .

La solución del mercado para transparentar los activos tóxicos es exigir a todas la empresas que entraron por el programa de rescate TARP acordar la entrega de un warrant por el paquete accionario o si no, verse expuestas a que no les renueven los préstamos acordados. Esto permitiría licitar las empresas al sector privado (sin un préstamo del gobierno) por el valor que el mercado les asigne, y el Estado quedaría comprometido por las garantías ya otorgadas.

Por Guillermo M. Yeatts
en http://www.reflexioneslibertarias.blogspot.com/

Es autor de los libros El botín. La Argentina saqueada (2008); Raíces de pobreza. Las perversas reglas de juego en América Latina (2000), y El robo del subsuelo (1996), entre otros. Es presidente de la Fundación Atlas1853.

La nueva teoría del derrame

¿Se recuerda de la “teoría del derrame”? ¿Aquella que enfatiza el crecimiento económico del sector privado como fuente de reducción de la pobreza? ¿La que contrasta con la teoría de la izquierda que hace énfasis en la redistribución de la riqueza como medio para reducir la pobreza? Pues ahora hay una nueva teoría del derrame: el Gobierno lo hará todo. Ocasionará el crecimiento económico y derramará la riqueza entre los más pobres.

Si usted cree que el Gobierno es fuente de prosperidad y que es el motor del crecimiento económico, usted se identificará con la “nueva teoría del derrame”. Promoverá acciones que “estimulen” la economía como líneas estatales de financiamiento para la construcción, un déficit fiscal que pague por muchas obras de infraestructura o simplemente continuará regalando dinero. En resumen, usted querrá que el Gobierno aproveche a “convertir esta crisis en una oportunidad”, al promover la prosperidad desde las altas esferas de poder para que, desde allí, la riqueza se derrame hasta los más pobres. ¿Qué tal? Ojalá fuera así de fácil, porque no habría países pobres en el mundo.

La nueva teoría del derrame será un fracaso porque el Gobierno no es fuente de prosperidad y menos de eficiencia. Como el Gobierno no crea nada; el gasto público solo “redistribuye” la poca riqueza que se crea. Cuando la riqueza no alcanza, el Gobierno de manera descarada nos endeuda hipotecando nuestros ingresos futuros con el gasto deficitario. Ambas cosas son casi una garantía de que seguiremos siendo pobres. Por otra parte, ¿qué nos hace creer que ahora sí gastarán el dinero correctamente? ¿Cómo sabemos que el caldo no nos va a salir más caro que los frijoles? ¿Qué clase de “es-tímulo” causará el gasto público? Es ingenuo pensar que, como consecuencia de la crisis, el Estado repentinamente se haya vuelto eficiente y honesto. Algo así como que las carreteras beneficiarán a todos, y no solo a los funcionarios o diputados para que pasen frente a sus propiedades, como la Prensa ha reportado en el pasado.

El desarrollo económico y social de nuestra nación es demasiado importante como para dejarlo en manos de funcionarios de Gobierno. Yo sí creo que el Estado tiene mucho que hacer, pero para solucionar otra crisis: la de inseguridad. Esa es la única crisis que el Gobierno debe meterse a solucionar. En esa sí puede hacer la diferencia, si deja de ver cómo “estimula” la economía y ve cómo agarra a los criminales. Y si soluciona esa crisis, veremos cómo florecerá, de nuevo, nuestra productividad, y la empresarialidad del pueblo nos sacará de la recesión por nuestras propias pistolas. En materia de gobierno, los funcionarios deben aprender que mucho ayuda el que poco estorba.

Por José Raúl González Merlo

Sobre guerrilleros y militares: Reflexiones sobre las consecuencias del golpe de marzo de 1976

Las herejías que debemos temer -reflexionaba Borges- son las que pueden confundirse con la ortodoxia. En su relato Los teólogos, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona. Del mismo modo, en la tragedia argentina de los años setenta, militares y guerrilleros, defensores del orden y subversivos, tenían muchos rasgos en común y actuaban, a veces, de manera tan similar que parecían una sola persona.

La metáfora borgeana aplicada a la realidad histórica tiene, sin embargo, sus peligros. Las analogías entre nazismo y estalinismo de Ernst Nolte lo hicieron sospechoso de justificar al primero. La "teoría de los dos demonios", término acuñado en tiempos de Raúl Alfonsín para justificar el enjuiciamiento conjunto de militares y guerrilleros, provocó en su momento serias resistencias de un lado y del otro, precisamente porque tenía una dosis de verdad y otra de mentira. Tulio Halperín Dongui atribuyó esta teoría a algunos nostálgicos afectos a uno de los dos supuestos demonios que, muy probablemente, pensaban que había un solo auténtico demonio que sería, desde luego, el otro.

Otra interpretación es, sin embargo, posible: admitir ese dualismo sin inclinarse hacia ninguno de los dos polos: condenar a los guerrilleros no supone elevar a los militares a la categoría de héroes salvadores, y condenar a éstos no implica convertir a asesinos políticos en "jóvenes idealistas". Es preciso descubrir los puntos en que estos extremos se tocan, deslindar la similitud en la diferencia y la diferencia en la similitud.

En ese juego de máscaras, los terroristas eran los héroes de 1973 y se convirtieron en las víctimas de 1976. A su vez los militares, héroes de 1976, pasaron a ser los culpables en 1983. Los guerrilleros perdieron la lucha armada pero los militares perdieron la lucha ideológica. ¿Por qué cada uno de los contendientes perdió su propia guerra?

Entre otras razones, porque ambos luchaban, como vimos, con los mismos medios que su enemigo. Hábiles transformistas, los militares se disfrazaban de terroristas encapuchados, dedicados a sembrar el miedo, matando, secuestrando y robando. Los terroristas, por su parte, se trasvestían de militares y descuidaban la inserción en la sociedad y la actividad política. Y quisieron vencer a sus contrincantes en su propio terreno; lógicamente, ganaron los expertos y no los aficionados.

Guerrilleros y militares, no es posible negarlo, coincidían en muchos aspectos: en su repudio a la democracia y al sistema de partidos, en la legitimación del uso de la violencia; el asesinato era la ejecución de una sentencia dictada en nombre de la liberación del pueblo, en el caso de los guerrilleros, o en nombre del orden y la defensa de la Nación, en el de los militares. Una tortuosa dialéctica convertía en ambos lo que había sido un medio -la violencia- en un fin en sí mismo: la atracción por las armas, el culto a la muerte. No es un detalle para desdeñar la pasión que exhibían los Montoneros por los uniformes, las botas, los grados, los galones, los gestos y la disciplina de los militares. El mayor intelectual que tuvieron en sus filas -hay que decirlo-, Rodolfo Walsh, había intentado en su juventud de nacionalista católico ingresar al Ejército. No lo logró por problemas oculares, pero su momento más feliz fue lucir el uniforme del ejército cubano.

Guerrilleros y militares se decían igualmente representantes del auténtico cristianismo, iban a la muerte en nombre de Cristo, y distintos sectores de la Iglesia bendecían las armas con que se mataban recíprocamente. Ambos eran nacionalistas y veían la principal causa de nuestros males en el enemigo exterior, aunque con distintas orientaciones: el Este para unos, el Oeste para otros. Aun en determinadas circunstancias -la aventura de Galtieri-, coincidieron y fueron aliados ocasionales. El ministro del Interior Costa Méndez, abrazándose con Fidel Castro, representaba el paradigma de esta paradójica situación. La historia es más compleja de lo que habitualmente se cuenta.

Las falacias de los dos demonios. Hay algunas falacias, no obstante, en la "teoría de los dos demonios". La demonización de ambos contendientes respondía a un deseo de la sociedad civil de arrojar el mal lejos, fuera de sí misma, y ocultar, de ese modo, que los terroristas y los represores no venían de quién sabe dónde, surgían de la entraña misma de la sociedad argentina. No eran monstruos sino gente corriente, la llamada "banalidad del mal" de Hanna Arendt. No estaban aislados ni separados del resto de la sociedad, porque ésta apoyó irresponsablemente a uno y a otros, hasta que la sangre los salpicó a todos. Con la demonización, sin embargo, la sociedad podía seguir representando el papel que siempre le ha gustado: de inocente y de víctima. Tenían su parte de razón, por esta vez, los militares, cuando en el juicio a las juntas y en posteriores declaraciones llamaban "hipócrita" a una sociedad que los condenaba sin piedad después de haberlos alabado sin vergüenza.

Además, si bien el terrorismo de Estado tenía muchos puntos en común con el terrorismo político, difería en otros. Podemos pasar por alto el abismal desequilibrio de fuerzas que provocó una desmesurada desproporción entre las víctimas militares y las civiles; después de todo, un solo muerto es ya un escándalo. Y además el delirio de los dirigentes -muchos de los cuales terminaron en el exilio dorado- fue el responsable de cantidad de muertes inútiles, de militantes de la superficie a los que dejaron en el desamparo.

Hay una diferencia más profunda aún: el terrorismo político, por perverso que fuera, era coherente consigo mismo, sus medios se ajustaban a sus fines: destruir la sociedad establecida. El Estado tiene el patrimonio exclusivo de la fuerza, sólo para el resguardo de los ciudadanos y el mantenimiento de las instituciones. Cuando, en cambio, adoptó los métodos terroristas y la fuerza se convirtió en violencia, destruyó la legalidad cuya defensa era la razón misma de su existencia. Por eso, en tanto los terroristas reivindicaban sus crímenes, los militares debieron ocultarlos; de un lado había muertos, del otro desaparecidos.

Las Fuerzas Armadas y sus defensores alegaron la imposibilidad de vencer al terrorismo con los recursos de la ley. Numerosos ejemplos contemporáneos muestran la falsedad de esta aseveración. El Estado democrático alemán venció legalmente al grupo terrorista Baden-Meinhof, y del mismo modo lo hizo el Estado democrático italiano con las Brigadas Rojas, o los asesinos de Aldo Moro -el Aramburu italiano-, o como el Estado español lucha legalmente contra ETA. El argentino recurrió, por el contrario, a métodos ilegales e ilegítimos porque no era un Estado de derecho sino una dictadura, y el Ejército había dejado de estar al servicio de la ley desde los sucesivos golpes de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976.

Por otra parte, cuando las Fuerzas Armadas alegaban no poder vencer al enemigo sino con la violencia, usaban el mismo argumento soreliano empleado por la guerrilla cuando decían que la justicia social no se podía imponer por las leyes de la burguesía, sino por el aniquilamiento de ésta.Las Fuerzas Armadas no tienen, pues, autoridad moral para reivindicar como una gesta heroica su triunfo sobre la guerrilla. Fueron algunos de sus propios camaradas de armas los primeros en condenarlos: el general Martín Balza, que sufrió por sus ejemplares declaraciones la marginación de sus pares; y el general Lanusse cuando dijo: "¿Qué se puede esperar de unos militares cuyas mujeres toman el té en vajilla robada?".

Tampoco tienen autoridad moral los ex terroristas para presentarse como injustamente perseguidos. Porque el objetivo de la guerrilla nunca fue la defensa de la democracia sino la instauración de otra dictadura de distinto signo pero igualmente sangrienta: su modelo era el castrismo. Quienes habían considerado como desdeñables "formalismos burgueses" los derechos humanos y las garantías jurídicas no hubieran debido, cuando caían prisioneros, exigir que se cumplieran los requisitos del juicio y la defensa, formalidades que ellos no habían dispensado a sus prisioneros en las "cárceles del pueblo".

Menos aun tenían autoridad moral para pretender, después de la derrota, integrar las organizaciones de defensa de derechos humanos.Los años de plomo, tres décadas después, siguen estando presentes, demonizados o santificados, ya sea para manipularlos políticamente o para trivializarlos en pseudohistorias televisivas, o para avivar la memoria -inevitablemente emocional y rencorosa- de víctimas y victimarios.

La memoria individual o de grupo es lícita en cuanto expresión de sufrimientos vividos, pero deja de serlo en cuanto pretende erigirse en único referente de la verdad. La historia debe desprenderse de la política inmediata y de la memoria -una de sus fuentes, pero sólo una-, hacer la crítica de la ideologización, del recuerdo selectivo y del mito, mediante una comprensión desapasionada, que no es lo mismo que justificación.

Sólo de ese modo habremos aprendido una lección, los años setenta entrarán definitivamente en el pasado, y podremos construir mirando al futuro una sociedad democrática.

por Por Juan José Sebrelli

enDiario Perfil 19 de marzo de 2006

Ausencia de un revisionismo serio: Un golpe contra nadie

El absurdo de pretender que la tragedia de los `70 se inicia un 24 de marzo de 1976 no es otra cosa que la consecuencia de tantos años en ausencia de un revisionismo histórico serio y desideologizado.
En rigor, la descontextualización de los hechos constituye el arma mejor aprovechada por el setentismo contemporáneo para deformar nuestra historia reciente. El objeto no es otro que omitir las causas y difundir tan sólo los efectos (una verdad a medias es mentir dos veces).
Lo cierto es que antes del 24 de marzo de 1976, un conjunto de situaciones catastróficas (a la sazón, omitidas por los historietistas mediáticos) tenían lugar en la Argentina: las organizaciones terroristas que operaban desde la década del '60 se encontraban en su momento de mayor auge; el país era gobernado por Isabel Perón, una mujer de escasa formación académica y nula experiencia política que, en medio del caos y la anarquía reinante, tomaba licencias alegando problemas de salud y se la vinculaba en polémicos casos de corrupción; y como si todo esto fuera poco, la economía se derrumbaba mientras sus ministros se sucedían a un ritmo nunca antes visto.
En puridad, la República respiraba un verdadero vacío de poder que se reflejaba día a día en las expresiones de la desorientada clase política que, de a poco, iría abandonando el gobierno.
"La Argentina está viviendo una situación límite", ponía de manifiesto el senador Cerro ya en septiembre de 1974.
"Realmente, frente a tanta violencia, tanta sangre, confieso que me estoy quedando sin palabras", admitía, a inicios de 1975, el senador Frúgoli.
"El país no puede transcurrir un minuto más en este desgobierno", agregaba el diputado Ferreira. Téngase en cuenta que las expresiones analizadas tenían lugar cuando todavía faltaban muchos meses para marzo de 1976.
Los diarios de la época también ponían de relieve esta extrema situación, incluyendo a la prensa extranjera que, sin disimular el asombro y la preocupación, describía a la perfección el clima de anarquía que vivía nuestro país.
El "Sunday Telegraph" , de Londres, por ejemplo, en su edición de agosto de 1975, informaba: "Con una inflación que pasó la barrera del sonido y una orgía de asesinatos, la Argentina se encamina hacia el punto de desintegración".
En extrema síntesis, así llegamos a los días previos del 24 de marzo de 1976 cuando la situación, lejos de mejorar, empeoraba cada día. A pesar del caos que sacudía al país, la clase gobernante seguía sin brindar solución alguna y se pronunciaba en todo momento desconcertada.
"¿Qué podemos hacer? Yo no tengo ninguna clase de respuesta", se sinceraba una semana antes del golpe el diputado Molinari. El diario "La Opinión" , del 19 de marzo, daba cuenta del alevoso accionar del terrorismo subversivo, titulando en su tapa "Un muerto cada cinco horas y un atentado cada tres", a la par que el izquierdista Américo Ghioldi pronunciaba frente a la prensa que "el gobierno, o mejor dicho el régimen, muestra signos de agotamiento. No pueden hacer nada ante el derrumbe monetario, la semiparálisis del aparato productivo y la inseguridad de vida".
Lo cierto es que el gobierno de Isabel iba cayendo solo, sin la necesidad de que ninguna fuerza lo derribara, y ya el 21 de marzo el diario "Clarín" informaba: "Los legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias".
Otro matutino agregaba: "No quedan ni los pungas en la zona del Congreso". Cuenta Juan B. Yofre, quien ha investigado a fondo estos sucesos, que "la gran mayoría de los legisladores vaciaron sus escritorios, carpetas y retiraron sus heladeras portátiles".
Es dable destacar la expresión utilizada por el secretario general de la CGT, Casildo Herreras, quien en medio de la anarquía se había exiliado a Montevideo en compañía de otros dirigentes. "Me borré", dijo ante periodistas.
Francisco Manrique, presidente del Partido Federal, cuando todavía ninguna fuerza militar había derrocado a Isabel, no sin razón sentenciaba: "Estamos asistiendo al sepelio de un gobierno muerto".
El 24 de marzo de 1976 había llegado y las FF.AA, desplazando a lo que quedaba del gobierno peronista, se hacían cargo del país. Quizás el pronunciamiento más ilustrativo para completar este poco conocido panorama fue el del vicepresidente del justicialismo, Deolindo Felipe Bittel, que le gritaba al secretario de prensa de Isabel Perón: "Chau, papá, hasta mañana. Esto hay que festejarlo con champaña. Todo se ha disipado". Vale decir, los residuos del partido gobernante festejaban su propio derrocamiento.
En rigor de verdad, el golpe no había sido contra nadie, pues la clase política no sólo se había desentendido de la extrema situación que afrontaba el país sino que hasta había, en gran medida, desalojado voluntariamente el gobierno mucho antes de la intervención militar (no se trata de justificar este hecho sino promover un revisionismo serio).
Basta con recordar que Ricardo Balbín en aquellos días expresaba que "nunca fue tan fácil como en este momento para las Fuerzas Armadas tomar la Casa de Gobierno: porque no hay nadie en ella".

Los desaparecidos que desaparecieron de la memoria
Como en los anteriores 24 de marzo, los discursos tocarán inevitablemente la siempre presente cuestión de los terroristas desaparecidos, aunque sólo limitándose a denunciar aquellos casos producidos luego del "golpe" cuando, en rigor de verdad, la técnica de la desaparición fue implementada años antes por el gobierno constitucional.
En efecto, el mismísimo informe de la Conadep contabilizó más de 750 casos de desaparición de personas durante el peronismo, registrándolos en el famoso libro Nunca Más (más citado por la izquierda que efectivamente leído).
Es dable, asimismo, destacar que los Montoneros, desde la revista Evita Montonera , ya en su número de marzo de 1975 denunciaban públicamente "un número indeterminado de secuestrados y desaparecidos".
En consecuencia a lo expuesto, cabe preguntarse: ¿por qué recordar sólo a los desaparecidos posteriores al 24 de marzo de 1976? ¿Deberíamos pensar que cuando un gobierno de signo constitucional comete tal aberración es legal y tolerable, mientras que cuando uno de facto la pone en práctica es ilegal y reprochable?

Derechohumanistas de hoy, procesistas de ayer
Por más que en el presente muchas figuras públicas intenten ocultar a través de la santificadora bandera de los derechos humanos su adhesión al Proceso en otrora, existe documentación que compromete a más de uno.
Caso a destacar es el de quien fuera nada más ni nada menos que fiscal durante el famoso Juicio contra las Juntas Militares, el doctor Julio Strassera, siempre listo para llenarse la boca de derechos humanos frente a los medios de comunicación.
En rigor, este inefable personaje, desde 1976 hasta 1982 se desempeñó como fiscal y juez. En ambas condiciones juró por los Objetivos Básicos del Proceso, los Estatutos y sus Actas. ¿Por qué, en su momento, obligado por la función que ejercía, el doctor Strassera no denunció las desapariciones de personas que en el presente tanto dice lamentar?
El ex procesista, hoy emblema de la lucha por los derechos humanos y la democracia, Ernesto Sábato, también constituye un caso a citar. Si bien el reconocido escritor fue elegido presidente de la Conadep por el gobierno de Alfonsín y comenzó desde entonces a horrorizarse por las secuelas que dejó la guerra contra el terrorismo, años antes le expresaba a Videla que "el país necesitaba un baño de sangre para purificarse" y hasta se daba el lujo de compartir banquetes con el mismo presidente de facto.
"Le agradecí personalmente a Videla el golpe de Estado del 24 de marzo que salvó al país de la ignominia y le manifesté mi simpatía por haber enfrentado la responsabilidad de gobierno", declaró ante la prensa a la salida de un almuerzo.
Por su parte, la familia Timerman, hoy tan comprometida con los derechos humanos, hace treinta y tres años recibía con euforia al gobierno de Videla a través del diario "La Opinión" (de Jacobo Timerman), poniendo de manifiesto que "si los argentinos, como se advierte en todos los sectores --aún dentro del ex oficialismo--, agradecen al gobierno militar no menos cierto es que también le agradecen la sobriedad con que actúan".
En consecuencia a todo lo expuesto, es dable señalar que ocultar el contexto en el que sucedieron los acontecimientos del 24 de marzo de 1976 no es otra cosa que promover un revisionismo maniqueo e ideologizado; luchar por los desaparecidos posteriores a la instauración del gobierno de facto y olvidar a los anteriores no es sino una de las tantas pruebas de que la memoria y la justicia no son los objetivos reales del setentismo; silenciar que, en su momento, la población no armada apoyó aquella gestión (incluidos muchos de los hoy abanderados de los derechos humanos) es lo mismo que despojarnos a la fuerza de nuestras responsabilidades que, como sociedad, tuvimos en los sucesos que hoy recordamos.

Por Agustín Laje Arrigoni en La Nueva Provincia http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/24/03/2009/93o013.html

Acerca de la “kakistocracia”

En el artículo anterior procuramos reivindicar el término y el concepto de aristocracia, tan menospreciado en nuestra época. Allí dimos las razones históricas y conceptuales para mostrar que la democracia –para ser auténtica y no mera palabra hueca o simple mecanismo electoral que diera el triunfo a la mitad más uno- lejos de oponerse a aristocracia debía completarse e impregnar de su espíritu; es decir, lejos de abjurar del gobierno de los mejores (aristocracia) debía aspirar a ello, a riesgo de dejar de ser democracia.

También advertimos que parecería existir una tendencia general (en todos los órdenes y no sólo en cuestión de gobiernos) de buscar o de conformarse con los peores. Y de aquí, decíamos también, resulta que a veces acceden al poder un conjunto de individuos que por sus turbios antecedentes, por su frágil moral, por su ausente capacidad y otros rasgos afines conforman “el gobierno de los peores”, y entonces se nos ocurrió proponer para denominarlo el término kakistocracia.

Con posterioridad y no sin satisfacción hemos visto que el término halló eco en distinguidos colaboradores de esta página y en otras publicaciones y medios. Es que las palabras nacen y se imponen cuando hay cosas que designar. Si el término en cuestión tuvo eco, fue simplemente porque hacía falta!. Y precisamente por todo esto deseamos hacer algunas reflexiones más al respecto.

Se nos ha dicho y hemos leído que kakistocracia es sinónimo, o sería lo mismo, que chantocracia, vocablo formado no sin cierta arbitrariedad, con una expresión del lunfardo porteño (chanta) y una desinencia griega (kratía). Sin restarle toda validez a este término, debemos señalar que no hay tal sinonimia, al menos en la intención que quisimos darle a “kakistocracia”. El chanta es esencialmente un embaucador, un embustero, un trepador, alguien que habla mucho sin decir nada; en rigor, un macaneador, según el diccionario designa “al que no hace lo que dice” y “al que hace mal alguna cosa”. El chanta, en el lunfardismo porteño, designa, pues, un personaje nada recomendable, pero no demasiado perjudicial (a no ser por su capacidad de confundir las cosas) y, en definitiva, diríamos, casi inocente.

En cambio, kakistos, en griego es el superlativo de kakos. Kakos significa “malo”, y también, “sórdido”, “sucio”, “vil”, “incapaz”, “innoble”, “perverso”, “nocivo”, “funesto”, y otras cosas semejantes.

Luego si kakos es lo malo, kakistos, superlativo, es lo más malo; es decir, lo peor. Plural de kakistos es kakistoi; es decir, los peores. De ahí que se nos ocurriera kakistocracia: gobierno de los peores.Nos parece que surgen claras las diferencias entre el “chanta” y el kakistos. Hay varios matices, pero sobre todo hay un aspecto moral; el “chanta” puede ser –y frecuentemente lo es- inocente; el kakistos, en el sentido empleado es absolutamente responsable y culpable. Además, es el peor.

El significado profundo y real de kakistocracia sólo se capta en contraposición con aristocracia. Además –que designaba al “gobierno de los mejores” como aristocracia, e incluso circula otro de más reciente gestación- mediocracia : ¿porqué no acuñar un vocablo que designara no ya a los mediocres, sino decididamente a los peores?. ¿O es que los peores no tienen acceso a los gobiernos?. Ignoramos que haya alguna ley –escrita al menos- que lo impida. Y si esa ley existe, de hecho ha sido violada.

Cuando un grupo o un pueblo cede en su afán de promover a los mejores, entra indefectiblemente en un tobogán y pasando por los mediocres termina en los peores. No estamos aquí cuestionando formas de gobierno o modos de elegir gobernantes. Este es otro tema que quizá abordemos en una próxima oportunidad. Se trata fundamentalmente de un espíritu, de una inspiración, de una exigencia profunda de la conciencia individual y de la conciencia colectiva. Se trata de tender hacia abajo –mera gravitación- o de tender hacia arriba –afán de perfección-. Se trata de exigir y de exigirse menos o de exigir y de exigirse más. Se trata, en fin, de ser rebaño o de sentirse y actuar como persona humana. Porque la kakistocracia no sólo es un atentado contra la ética –ya de suyo infinitamente grave- sino también contra la estética, una falta de buen gusto.

Por Jorge Luis García Venturini

29 de marzo de 1975 - La Prensa