Argentina: debate sobre libertad de expresión

¿Existe la libertad de expresión en Internet? ¿De qué manera es posible garantizarla? ¿Se puede regular la circulación de información en la web sin caer en la censura?

Con el objetivo de discutir acerca de estos temas, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) organizaron un encuentro en Buenos Aires en el que representantes del sector público y privado debatieron acerca de los desafíos de la libertad de expresión en Internet.

Libertad de expresión como naturaleza humana

Uno de los panelistas invitados fue el periodista Ariel Torres, columnista y editor de Tecnología del diario argentino La Nación, quien sentó las bases de la discusión al definir a la libertad de expresión como una característica inherente al ser humano: “Es la herramienta más letal y poderosa que tiene esta especie. Somos eso. La libertad de expresión no es ninguna tontería. Es la naturaleza humana”.

Además, el periodista argentino aseguró que cualquier clase de restricción a la libertad de expresión de las personas es “amputar su humanidad”. “Cuando alguien me habla de los excesos a la libertad de expresión, me da la impresión de que dijese ‘esa persona está viviendo en exceso’. No hay diferencia. No es un derecho cualquiera, ni siquiera es el derecho de reunión, ni es el derecho de moverse libremente por un país, que es un derecho fundamental. Es lo que nos hace humanos”.

Finalmente, Torres sostuvo que hay que dejar de pensar que la libertad de expresión es cosa de periodistas. “Es el más importante de los derechos humanos. Por algo la declaración universal lo cita primero. Porque sin eso, no hay nada más”, concluyó.

Tres argumentos para limitar la información

Una de las preguntas que se plantearon durante el debate fue la necesidad de diseñar políticas públicas de regulación de Internet que no afecten la libertad de expresión de los usuarios. En este sentido, en diálogo con Radio Nederland, Beatriz Busaniche, docente de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Fundación Vía Libre y de Wikimedia Argentina, enumeró los tres argumentos que están siendo utilizados en el mundo para poner en jaque la libre circulación de información en Internet.

“Uno es la ciberseguridad, que es uno de los argumentos por los que se aprobó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la ley CISPA, y también en Argentina se han aprobado leyes de delito informáticos”, explicó.

De acuerdo con Busaniche, el segundo argumento utilizado para justificar el control de la información que circula en Internet está relacionado con los mecanismos de filtrado, control, seguimiento y monitoreo para prevenir la pedofilia. “Claramente, detrás de una causa noble, se esconde en realidad la necesidad de establecer mecanismos de control de Internet. Incluso las tecnologías desarrolladas para prevenir la circulación de imágenes de pedofilia en Internet son usadas para bloquear sitios acusados de infracción de copyright”, sostuvo.

Por último, mencionó el tema del copyright, es decir, la defensa de la propiedad intelectual en el entorno digital. “Ahí tenemos proyectos como SOPA, PIPA y otro tipo de medidas que hacen que se empiece a controlar la información que circula en Internet”, ejemplificó.

Según Busaniche, cada vez que se proponen legislaciones o mecanismos de control de Internet no hay que pensar en cuál es el argumento para hacerlo, sino cuáles serán las consecuencias que va a traer su implementación. “Ése es el punto que hay que analizar. Un proyecto puede tener muy buenas intenciones, pero su implementación puede ser muy peligrosa para la libertad de expresión”, advirtió.

Libertad de expresión, pero con límites

Uno de los grandes actores del escenario virtual es Google, la compañía internacional con presencia en 150 países, que ha enfrentado varias acusaciones referidas a los modos en que ordena la información que circula en Internet. Durante el debate, Martín Wasserman, analista senior de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de Google para América Latina, sostuvo que la empresa promueve la libertad de expresión en la red, pero con ciertos límites.

“Primero, la libertad de expresión es casi el motor fundamental de todo lo que hacemos. Organizar la información y hacerla accesible es casi un sinónimo de fomentar la libertad de expresión. Nuestros productos y servicios se basan en ese intercambio de información y están diseñados para ayudar a las personas a crear, compartir, almacenar, investigar y acceder a la información. Por lo tanto, una Internet con paredes, que no se base en estos fundamentos, es una Internet que no queremos para nadie, y menos para nuestros usuarios”, aclaró.

Sin embargo, Wasserman explicó que, para Google, existen ciertos límites, “algunos claros y otros más difíciles” de establecer. “Hay un límite claro, por ejemplo, con la pornografía infantil. Está prohibida en todos los servicios de Google. ¿Por qué? Primero, por el propio hecho de que la pornografía nos parece repudiable; segundo, porque en casi todos los países y en todas las legislaciones la pornografía infantil está prohibida”, explicó. A su vez, comentó que en Google “también se pelea todo el tiempo contra el spam, contra contenidos que los puedan exponer al robo de identidad, y obviamente contra los virus”.

Finalmente, relató que para la empresa existen “otras áreas mucho más complicadas” de definir, como el extremismo político. “¿Qué es extremismo político? Ustedes consideren que estamos hablando de una empresa global que opera en 150 países del mundo. Entonces, lo que no hay y no puede haber es una regla general que se aplique burocráticamente. Hay un trabajo caso por caso, que muchas veces se define por discusiones profundas, largas y complicadas entre personas de la compañía para decidir cuál es el camino a seguir. Obviamente, la compañía quiere que haya libertad de expresión, pero también pretende que los usuarios se manejen dentro de esas plataformas con cierta responsabilidad”, concluyó.

Nuevos desafíos

En relación con los nuevos desafíos que se plantean con el uso de la información que circula en Internet, en especial en función del trabajo periodístico, el director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, Eduardo Bertoni, mencionó dos problemas frecuentes: la responsabilidad de los intermediarios y la jurisdicción aplicable para dirimir los conflictos legales.

“Entendemos ‘intermediarios’ en un sentido amplio de la palabra. Muchas veces se piensa en intermediarios a las empresas o las organizaciones que tienen motores de búsqueda, como por ejemplo Google. Pero en realidad, el intermediario también es el proveedor de Internet y también puede ser quienes tienen sitios web en donde se aloja cierto contenido que muchas veces son simplemente links que nos llevan a otras páginas”, precisó.

Por otra parte, Bertoni sostuvo que la otra problemática es la jurisdicción aplicable en aquellos casos en los que surja un conflicto legal. “¿Qué quiero decir con esto? Estamos ante un mundo en donde los contenidos circulan rápido y aparecen en cualquier lugar. Tenemos que pensar reglas de jurisdicción para impedir que puedan ser utilizadas las herramientas judiciales a los efectos de presionar a los medios independientes, a los periodistas independientes, en jurisdicciones que les puedan ser hostiles”, remarcó.

Solucionar el problema del acceso

Finalmente, el periodista del diario Página/12 e integrante de Hacks/Hackers Buenos Aires (una organización que reúne a periodistas y hackers), Mariano Blejman, planteó de qué manera la libertad de expresión en Internet se ve limitada por las diferencias que existen en el acceso a la red: quienes están más conectados y pagan menos por esa conexión tienen una mayor capacidad para generar su propia voz y decir lo que piensan.

Por eso, para garantizar que todos puedan expresarse, promueve que el acceso a Internet sea reconocido como un derecho humano: “Desde hace tiempo, mucha gente piensa, o pensamos, que Internet debe ser considerada un derecho humano, un derecho de acceso universal, porque en todo el mundo se está generando una diferencia de velocidad en el acceso a la cultura. Y la única forma de resolverla es generando posibilidades de acceso a la misma velocidad”.

Fuente: Radio Nederland Latinoamérica

en http//www.rnw.nl/espanol/article/argentina-debate-sobre-libertad-de-expresi%C3%B3n

La crisis del estado

El pensamiento antiliberal trata de propagar la idea de que los mercados, y quienes en ellos actúan persiguiendo fines "egoístas", son la causa de la situación de crisis económica que vivimos. Si esta tesis fuera cierta, lo razonable sería pensar que el Estado, y quienes sólo a través suyo aspiran a alcanzar fines "altruistas", encarnan la solución.

1. El argumento se cae por sí solo cuando identificamos los factores que han intervenido en la gestación del presente laberinto social y económico. El Estado interviene, y mucho. Su peso absorbe la mitad de la producción de nuestras economías, e influye definitivamente sobre el resto. Pero no es únicamente eso. Esta crisis, como las anteriores, tiene su origen fundamental en la política monetaria y financiera practicada por los Estados. No es que urja "refundar el capitalismo", sino que, en cualquier caso, es el Estado, tal y como lo conocemos, la realidad cuya supervivencia depende de las reformas que estén por hacerse.

Estas son las principales razones causantes de la crisis del Estado:

2. El Estado contemporáneo, con especial intensidad desde el término de la Segunda Guerra Mundial, se halla inmerso en un proceso imparable de socialización. El estatismo totalitario quiso que el Estado relevara a lo social. El intrusismo moral, económico, jurídico y político, se hizo posible gracias a distintas corrientes filosóficas, ideológicas y académicas, que desde el estudio de la economía, la sociología y el Derecho, brindaron al Estado legitimidad para ejercer un poder absoluto sobre la vida de los ciudadanos. Del tradicional debate sobre los límites del gobierno, articulados en forma de libertades públicas, se pasó a un totalitarismo democrático justificado en contadas y estratégicas reservas formalmente liberales. A pesar de todo, en pleno proceso de estatización, lo social reaccionó no como otras veces, resistiendo, sino que reprodujo la misma tendencia invasiva de la que estaba siendo víctima. Este hecho representa el comienzo de la socialización el Estado. El corporativismo invirtió la fuente del dominio, dejando el mando de las instituciones del Estado en manos de las asociaciones de intereses. Partidos políticos, cumpliendo una función trasversal y representativa, sindicatos, patronal, sectores industriales y otras entidades, comenzaron a determinar la acción política y a aproximar hasta sus particulares vocaciones la fuerza de la intervención. El Estado se instrumentalizó hasta el punto de incorporar en su constitución política el reconocimiento expreso de estas corporaciones. Nació el "diálogo social". No todos los Estados han manifestado de igual modo este proceso de socialización. La forma anglosajona depende más de los grupos de presión extraconstitucionales, aunque el resultado sea el mismo o muy parecido al continental.

3. Si bien no con una firme intensidad, ni tampoco una dirección única, el Estado contemporáneo está siendo víctima de la desconcentración del poder. La socialización del Estado contribuye a este paulatino desgaste. La desconcentración siempre es centrífuga (recordemos que el Estado es, por definición, el poder unificado, concentrado, la monarquía). La descentralización política ha complicado gravemente la estructura del Estado. Así mismo, la transferencia de competencias a organismos internacionales, incluso la constitución de entidades como la Unión Europea, muestran una decidida tendencia a reconocer soberanía en aspectos tan importantes como la política monetaria, financiera y fiscal, a organismos cuyas decisiones afectan a varios Estados, y por ello, exigirán mecanismos de compromiso y acuerdo inauditos hasta su creación. La actual situación del gobierno de España, presionado desde Europa, y al mismo tiempo, dependiente del concierto con los poderes autónomos en los que se divide su Estado, muestra la trascendencia de los cambios experimentados en las últimas décadas.

4. Otra novedad que es propia y exclusiva de las últimas décadas, que convierte a esta crisis en la primera realmente crucial para occidente, es la globalización. La consolidación de un mercado mundial altamente interconectado acarrea la multiplicación de agentes, intercambios y subordinaciones cada vez más especializados e interdependientes. Los Estados occidentales no pueden aguardar a que sus economías resuciten gracias a agresivas políticas y descoordinadoras medidas de estímulo que impliquen el envilecimiento de la moneda o el rescate de sectores y agentes fracasados y/o sobredimensionados. El Banco Central Europeo, más allá de la convicción teórica o ideológica que parecen impulsarle, sabe que no debe reproducir la política expansiva practicada por la Reserva Federal. Si el Euro aspira a sobrevivir, debe convertirse en una auténtica alternativa al dólar (Huerta de Soto). Así mismo, la competitividad de la industria occidental frente a las economías emergentes, no concede tregua, ni permite asfixiar al mercado nacional sin emprender reformas de amplio calado. La mundialización ha despojado a Europa y a los EE.UU. de su margen para dilapidar años de prosperidad y desarrollo a costa de recurrir a ventajas inaprovechadas o a la falta de iniciativa de otras economías menos desarrolladas. La competencia internacional exige que gobiernos y particulares realicen lo antes posible aquellos ajustes que sean necesarios en términos de competitividad.

La crisis del Estado contemporáneo se enmarca en este triple escenario. La situación actual es un reflejo de la difícil tesitura en la que se encuentra el estatismo intelectual y político, generalmente incapaz de asumir la necesidad de reconsiderar las estructuras de poder vigentes, e incluso aceptar su agotamiento en la forma que mantienen. No parece haber llegado el día en que pueda decirse que el Estado esté próximo a su liquidación. De hecho, la periferia tenderá a reproducir las fases por las que ya han pasado o ahora transitan los Estados más antiguos. La cuestión es si la resistencia moral del estatismo está o no contribuyendo a acelerar la parsimoniosa agonía de la histórica forma de poder que es el Estado.

José Carlos Herrán en
http://www.juandemariana.org/comentario/5434/crisis/estado/

3 de Mayo • Día Internacional de la Libertad de Expresión

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión

Preámbulo:

REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho;

CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión;

PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;

CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;

CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas;

RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;

RECONOCIENDO que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos;

REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;

CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para la protección de este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile;

RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información;

REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información;

CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental;

RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de Principios;

Principios:

1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.

4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.

5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos (OEA)

El Estado de Bienestar y su degradación

En el siglo pasado, para superar la crisis de los años treinta y frenar el avance de la dictadura del Estado comunista, F. D. Roosevelt impulsó el pensamiento del “Estado de Bienestar”, con libertad política. El comunismo implosionó, pero el Estado de Bienestar se difundió en innumerables países. Su pensamiento es que la riqueza está mal distribuida y que el Estado debe intervenir para que todos los habitantes cubran todas sus necesidades. En Argentina se lo denominó “Justicia Social” o “Justicialismo” y atrasó al país.

Esa utopía causó la crisis en los países europeos.  

El Estado de Bienestar debe cubrir las necesidades de la población, y como estas son infinitas, en constante crecimiento, debe agigantarse el Estado y aumentar sus recursos; -La mayoría de los hombres que lo manejan, como es humano, prioriza sus necesidades por sobre las sociales, deteriorando el Bienestar; -Aparecen el descontrol, la ineficiencia, la dilapidación de recursos, la corrupción, el déficit del Estado, su quiebra y el ajuste a la población. 

El Estado de Bienestar inevitablemente degenera y se degrada.

Se ignora que las mejoras sociales y el bienestar son producto del trabajo personal de todos los ciudadanos y que el Estado nunca puede generar riqueza ni bienestar, ni remplazar la labor y creatividad del ser humano.

La distribución del ingreso por el Estado es otra farsa: solo empobrece.

Dr. Marcelo Castro Corbat
en http://www.segundarepublica.blogspot.com.ar/

La desaparición del pensamiento liberal en la educación

Cuando repaso la historia de la educación en España desde que las Cortes de Cádiz dictaron las primeras normas que debían regular la instrucción pública hasta nuestros días, lo que siempre me resulta más sorprendente es que a principios del siglo XX la Institución Libre de Enseñanza (ILE) fuera el modelo educativo para los políticos que se llamaban liberales y, al mismo tiempo, sirviera de referente para lo que, a partir del XI Congreso del PSOE (1918), sería el proyecto educativo socialista.

Posiblemente, esa extraña ambivalencia del pensamiento pedagógico de Francisco Giner de los Ríos y sus discípulos sea lo que hace que, hoy en día, cualquier crítica, por menor que sea, hacia la ILE y los que se llamaron "institucionistas" sea mal recibida, no solamente por los intelectuales de izquierdas, también por muchos sectores de la derecha, que profesan un respeto más que reverencial hacia Giner de los Ríos y su obra.
Para buscar una explicación lógica de por qué, llegado un momento, liberales y socialistas parecen compartir los mismos principios pedagógicos, o, mejor dicho, de cómo en España va desapareciendo, en materia de instrucción pública, todo principio liberal, es preciso tener en cuenta, por un lado, lo que fue el krausismo español y su relación con los hombres de la ILE y, por otro, el triunfo de las ideas de Rousseau en el siglo XX, un triunfo que en el terreno de la educación fue tan grande que se ha considerado escuela libre la inspirada en la filosofía educativa que el pensador francés había expuesto con todo detalle en su obra Emilio.

Las primeras leyes de instrucción pública
El 9 de septiembre de 1813 se firmó en Cádiz un documento, el llamado Informe Quintana, que había sido elaborado por una comisión de educación en la que había participado el poeta liberal Manuel José Quintana. Las bases para su elaboración se habían tomado del Rapport sur l’instruction publique que el marqués de Condorcet había presentado ante la Asamblea Nacional francesa en 1792. Condorcet sostuvo siempre que solamente una instrucción general podría garantizar la igualdad real de los individuos ante la ley. Reclamaba una enseñanza gratuita sostenida por el Estado, pues sólo de esa forma se podría asegurar que la instrucción estuviera al alcance de todos los ciudadanos. Sin embargo, se mostró contrario a hacer obligatoria la enseñanza, pues la instrucción, aseguraba, era un bien tan atractivo que bastaba con ponerlo a disposición de todos para que todos lo codiciasen. Reservaba al Estado la tarea de instruir, pues, para él, la de educar era competencia exclusiva de los padres. Para Condorcet, la instrucción había de ser pública y la educación, privada. En cuanto a las creencias religiosas, el Estado debía ser respetuoso con ellas, pero sin admitir ninguna en sus instituciones. Se puede decir que Condorcet es el padre de la escuela pública francesa "republicana": laica, exigente e intelectualmente elitista.

Pues bien, los liberales españoles sitiados en Cádiz, influidos por el enciclopedista francés, decidieron que la educación elemental debía ser gratuita y común a todos los ciudadanos, pero para ellos era fundamental que hubiera una absoluta libertad de enseñanza.

En 1836 Ángel de Saavedra, duque de Rivas (1791-1865), fue nombrado ministro de la Gobernación. El duque de Rivas era un hombre de fuertes convicciones liberales. Había sido diputado por Córdoba durante el Trienio Liberal (1820-1823), y vivió exiliado en Londres, París y Malta hasta la muerte de Fernando VII. Aquel año presentó un Plan de Instrucción Pública que, aunque apenas estuvo vigente unos días, sentó las bases sobre las que se fundamentaron los dos planes de estudios que mayor consenso político alcanzaron antes de la Restauración: el Plan Pidal (1845), durante el Gobierno de Narváez, y la Ley Moyano(1857), bajo el mandato de O’Donnell.

En el preámbulo del plan del duque de Rivas se pueden leer unos párrafos que ilustran bien sobre la preocupación que los políticos de ideas liberales tenían por no entrometerse en lo que consideraban un sagrado derecho y deber de las familias: la educación de los hijos.

"El pensamiento es de suyo lo más libre entre las facultades del hombre; y por lo mismo han tratado algunos gobiernos de esclavizarlo de mil modos; y como ningún medio hay más seguro para conseguirlo que el de apoderarse del origen de donde emana, es decir, de la educación, de aquí sus afanes por dirigirla siempre a su arbitrio, a fin de que los hombres salgan amoldados conforme conviene a sus miras e intereses. Mas si esto puede convenir a los gobiernos opresores, no es de manera alguna lo que exige el bien de la humanidad ni los progresos de la civilización. Para alcanzar estos fines es fuerza que la educación quede emancipada; en una palabra, es fuerza proclamar la libertad de enseñanza."

Otra de las cuestiones más discutidas en los medios educativos durante la primera mitad del siglo XIX fue la gratuidad de la enseñanza. Los liberales de Cádiz, cuando dictaron las primeras leyes para regular el establecimiento de las escuelas, la creación de las universidades y otros centros de instrucción pública, no entraron a discutir la costumbre española de que la enseñanza universitaria fuera gratuita, antes bien quisieron extender la gratuidad a toda la enseñanza pública. La primera vez que, desde posturas liberales, se proclama un principio opuesto a la gratuidad absoluta es el ya citado plan del duque de Rivas, para quien la gratuidad de la enseñanza debía alcanzar sólo a aquellas familias que no pudieran costearla:

"La enseñanza gratuita jamás ha producido los efectos que se esperaba de ella, y no por haberse adoptado en una nación ha sido bastante a acelerar sus progresos. Lo que poco cuesta se aprecia también poco, y con efecto común es en España que al empezar los cursos se matriculen infinitos discípulos y que al concluirse aquellos estén las cátedras casi desiertas. Cuando algo haya costado la matrícula, no sucederá lo mismo; pues los padres tendrán ya cuidado de que sus hijos asistan a todas las lecciones, lo hagan con aprovechamiento para no perder la cantidad, auque corta, que hayan desembolsado."

Esta idea de gratuidad relativa se mantuvo tanto en el Plan Pidal de 1845 como en el de Claudio Moyano del 57. Durante la segunda mitad del XIX la gran cuestión que se debatió en el terreno de la educación fue la libertad de enseñanza, y el asunto de la gratuidad empezó a perder interés.

El krausismo español

La doctrina fundada por Friedrich Krause (1781-1832), el krausismo, si bien en Alemania no logró mucho más de una docena de seguidores, en la política española de la segunda mitad del siglo XIX llegó a tener bastante importancia. Los exiliados españoles en Francia durante los años del absolutismo de Fernando VII conocieron a un discípulo de Krause que vivía en París, llamado Ahrens, que les dio a conocer las ideas filosóficas de su maestro. El krausismo, más que una doctrina o una filosofía, era toda una forma de pensar y de filosofar, suponía una actitud ante vida. El krausismo de Ahrens que conocieron los liberales españoles estaba centrado en la libertad, los derechos individuales y la desconfianza hacia el Estado. En el campo de lo político, Ahrens predicaba el equilibrio y la templanza.

Al iniciarse la década de 1840 los liberales españoles más moderados, entre los que se encontraba Sanz del Río, andaban deseosos de renovación ideológica, y encontraron en el pensamiento krausista de Ahrens una buena base sobre la que construir su nueva filosofía política. Sanz del Río, que ignoraba la lengua alemana, estudió la doctrina de Krause en francés. En 1843 viajó a Alemania para conocer al círculo de los krausistas de Heildelberg. A su regreso se concentró en la tarea de elaborar las bases filosóficas de lo que habría de ser el krausismo español. Cuando en 1863, con 24 años, Francisco Giner de los Ríos llegó a Madrid dispuesto a hacer su tesis doctoral, se incorporó al grupo de discípulos de Sanz del Río.

En esos años 60 existía también en Madrid un grupo de economistas liberales que habían leído al francés Frédéric Bastiat y eran partidarios del libre cambio. Entre ellos estaban Figuerola, Gabriel Rodríguez y el entonces joven ingeniero de caminos, que llegó a ser premio Nobel de Literatura y conocido político, José Echegaray. Pues bien, Echegaray, cuando al final de su vida recordaba el pensamiento político de los krausistas, en los meses previos a la revolución de septiembre del 68, lo hacía de esta manera (Recuerdos, Madrid, 1917):
"Los krausistas eran nuestros compañeros de combate, aunque no existiese absoluta conformidad de opiniones entre ellos y nosotros (…) Para nosotros casi no existía más que el derecho individual. Respecto al derecho colectivo, o dígase al derecho del Estado, los más radicales de nuestro grupo lo negaban en absoluto, otros lo achicaban sobremanera, y todos lo mirábamos con desconfianza. En cambio, los krausistas, a la par que afirmaban el derecho del individuo, afirmaban enérgicamente el derecho del Estado."

Efectivamente, como recordaba Echegaray, en todos los acontecimientos históricos de la segunda mitad del siglo XIX encontramos muestras de esa alianza en el "combate" entre krausistas y liberales. Lo que no está muy claro es cuándo la tendencia al estatalismo empezó a ser en los krausistas más fuerte que su defensa de la libertad individual. Un rastro de esta evolución se puede encontrar en la obra de Gumersindo Azcárate Estudios económicos y sociales, publicada en 1876, donde el autor critica lo que llama "escuela económico-individualista", entre cuyos miembros cita al francés Frédéric Bastiat.

La educación en la España de la Restauración

La Institución Libre de Enseñanza nació en agosto de 1875 con la idea de crear una Universidad Libre donde se garantizara la libertad de ciencia, que, según Giner de los Ríos y sus amigos, la universidad pública no respetaba. Entre sus primeros accionistas se encontraban conocidos liberales, como Figuerola, Gabriel Rodríguez, José Echegaray o Juan Valera.

El proyecto de crear una Universidad Libre resultó un fracaso. Por otra parte, dos discípulos de Giner, Bartolomé Cossío y Germán Florez, en el curso 1878-79 abrieron una escuela infantil que empezó a tener bastante éxito; tanto que Giner decidió abandonar el proyecto universitario y consagrarse a la nueva escuela y a la formación de sus maestros.

En la segunda mitad del siglo XIX, y por iniciativa alemana, se instauraron los Congresos Internacionales Pedagógicos, a los que acudían los pedagogos de la Institución, en los que tomaban buena nota de las ideas más modernas que corrían por Europa. En el verano de 1878 Torres Campos asistió como representante de la ILE a la Exposición Universal de París. De allí volvió convertido en un entusiasta de las nuevas ideas pedagógicas que estaban de moda en Francia. Era lo que se llamó la enseñanza intuitiva, de influencia roussoniana, que proclamaba el abandono de la enseñanza tradicional por ser demasiado memorística y abstracta.

La filosofía de la educación que Rousseau había expuesto en el Emilio tenía para los institucionistas de Giner de los Ríos un doble atractivo. Por un lado, la aparente libertad en la que el joven Emilio crecía, siempre guiado por la naturaleza y sin que aparentemente nadie ejerciera autoridad alguna sobre él, debió de sonar a gloria en los oídos de los pedagogos renovadores y "liberales" de la ILE; y, por otro, no cabía duda de que el Emilio resultaba un magnífico manual para lograr la regeneración social y cultural a través de la educación con que siempre habían soñado los discípulos de Friedrich Krause.

En 1882 se celebró en Madrid el Congreso Nacional Pedagógico. En él se discutió sobre la obligatoriedad, la gratuidad, el carácter de la enseñanza primaria, el método intuitivo, la cultura de la mujer, las condiciones de los maestros y las Escuelas Normales. Por boca de Cossío, la ILE definió su postura respecto a una de las cuestiones más discutidas de la época: el papel de la enseñanza media. Para los institucionistas, la primera y segunda enseñanza debían fundirse de forma que sólo hubiera dos periodos en la educación del hombre: uno de educación integral y general, para todos los individuos, y otro de educación especial, facultativa, técnica o universitaria.

"Los legisladores empiezan a no saber qué hacer con la segunda enseñanza, y de aquí todos esos tanteos, en el fondo de los cuales palpita, aunque tal vez aún con inseguridad, esta idea: o la segunda enseñanza está llamada a desaparecer por inútil, retórica y abstracta, o tiene que fundirse con la primera, como parte de esta misma, adoptando en absoluto su carácter."

De aquel congreso lo más destacable fue el enfrentamiento entre la ILE y los maestros de la escuela pública, que acusaron a los discípulos de Giner de ocuparse solamente de los niños "privilegiados del talento o de la fortuna", algo que hirió profundamente al maestro, que se fue de allí sintiéndose incomprendido. El congreso acabó abriendo una enorme brecha entre la ILE y la enseñanza pública.

En los últimos años del siglo XIX los principales puntos de discusión se centraban en la libertad de enseñanza, esto es: quién podía abrir colegios y bajo qué control del Estado, cómo se regularían esos colegios, qué titulación oficial debían tener sus profesores y cómo se examinaría a los alumnos. Estas discusiones tenían como punto más recurrente los derechos adquiridos por la Iglesia en materia educativa. Hay que tener en cuenta que, durante la Restauración, la Iglesia tenía, prácticamente, el monopolio de la enseñanza secundaria. En 1900, por ejemplo, había 59 institutos públicos y 466 colegios religiosos. Este poder de la Iglesia obsesionaba tanto a los liberales que, a pesar de sus principios, intentaron poner trabas a la enseñanza libre.

El 18 de abril de 1900 se creó el Ministerio de la Instrucción Pública y de las Bellas Artes. El primer ministro sería el antiguo liberal reconvertido en conservador Antonio García Alix, al que sucedió el Conde de Romanones.

Los políticos liberales no estaban ya dispuestos a poner al día sus ideas sobre el papel del Estado en la educación de los ciudadanos y, dado que los discípulos de Giner habían desarrollado una completa teoría sobre la educación y representaban el frente que se oponía al poder de la Iglesia, depositaron en ellos su confianza e hicieron suya la pedagogía de los institucionistas, a pesar de que éstos se habían inspirado en las ideas de Rousseau y a pesar de que cada día eran más propicios a recibir los favores del Estado.

La eterna cuestión de la libertad de enseñanza dejará poco a poco de preocupar. Las ideas liberales irán desapareciendo del terreno de la instrucción. Frente al poder de la Iglesia se levantará un nuevo e indiscutible poder: el del Estado. El nuevo liberalismo tomará carácter más social y conservará casi como única seña de identidad su anticlericalismo.

La Escuela Nueva de Núñez de Arenas

Otra de las cuestiones poco explicadas en la historia de la educación española es cómo el modelo pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza llegó a convertirse, en 1918, en el modelo educativo del PSOE. Pues bien, para entenderlo es preciso hablar de lo que fue la Escuela Nueva de Madrid y de su fundador, Manuel Núñez de Arenas.

Núñez de Arenas nació en Madrid el 1 de abril de 1886 en el seno de una familia de clase media acomodada e ilustrada, y estudió el bachillerato en el colegio de los jesuitas de Chamartín. Después marchó a Francia para estudiar Ciencias Químicas, pero antes de terminar la carrera regresó de nuevo a España y se licenció en Filosofía y Letras. Ingresó en las filas del PSOE en 1909, y un año después fundó la Escuela Nueva. Fue miembro de la comisión ejecutiva del PSOE desde 1918 hasta 1921.

La que se llamó Escuela Nueva de Madrid nació como una asociación cultural que pretendía establecer lazos de unión entre intelectuales y obreros. La idea de Núñez de Arenas fue formar unos grupos de profesores y literatos que, de cuando en cuando, tuvieran reuniones en la Casa del Pueblo con obreros y trabajadores manuales. El primer año de su existencia la Escuela mantuvo un carácter abierto y poco politizado. En ciertos sectores socialistas no estaba muy bien vista, pero poco a poco se fue politizando y, dos años después de su creación, en septiembre de 1912, fue admitida como participante en el IX Congreso del PSOE, del que salió definida como "centro de estudios socialistas".

La Escuela Nueva luchó durante toda su existencia por mantener el doble carácter de centro social e intelectual. Llegó a tener un local propio en la madrileña calle del Prado. En 1918 tenía ya 104 socios: muchos de ellos eran profesores de enseñanza media, y una tercera parte militaba en las filas del Partido Socialista. En el Congreso del partido que se celebró ese año la Escuela presentó una ponencia, Bases para un programa de Instrucción Publica, que se convirtió, a partir de entonces, en el programa socialista para la educación.

En las bases de aquella ponencia se reclamaban la gratuidad de la enseñanza en todos sus grados y la organización de las escuelas de acuerdo con el principio de la "unificación", que, según se definía en el texto, suponía la desaparición de todas las barreras que separaban la enseñanza primaria de la secundaria y a ésta de la superior, y que hacían de ellas verdaderos compartimentos estancos. Una unificación que debería hacerse tanto en los planes de estudio como con el personal docente.

Se puede decir que, a partir del congreso del PSOE de 1918, el proyecto pedagógico de los socialistas estuvo totalmente influido por la Institución Libre de Enseñanza. No es de extrañar que al socialismo de Pablo Iglesias le conviniera perfectamente la falacia de educación liberal creada por Rousseau, con su idea de que educar es conducir la conciencia del niño para que, buenamente, renuncie a sus deseos de libertad y ponga su voluntad en manos del Estado. En cuanto al modelo de escuela unificada, se entiende también que encajara perfectamente en la política igualitaria de los socialistas españoles.

Cuando la izquierda republicana llegó al poder, en 1931, el Ministerio de Instrucción Pública inició los cambios necesarios para cumplir su sueño de escuela unificada, pero el Gobierno republicano no llegó a instaurar ni siquiera las fases previas, por una parte porque no tuvo tiempo y, por otra, porque los grupos afectados se opusieron fuertemente a ello.

Una escuela antiliberal

El pensador liberal francés Jean-François Revel decía que el mal que hoy aqueja a la enseñanza francesa arrancaba del movimiento del 68, que nació en Estados Unidos con un carácter fundamentalmente antiautoritario y de revolución de costumbres y que, al trasladarse a Europa, se vio rodeado de todos los tópicos de la izquierda más totalitaria. Para él, la pedagogía que desde entonces ha dominado en Europa se inspiró en dos principios fundamentales. Uno de ellos era un feroz antiliberalismo, que ha llevado al profesorado a combatir abierta y decididamente la sociedad capitalista; el otro, la idea de que la simple transmisión del conocimiento era reaccionaria.

Pues bien, estos males que el intelectual francés denunciaba cuando hablaba de la enseñanza francesa son perfectamente trasladables a la educación española, y, si bien es verdad que se empiezan a hacer evidentes a partir de las revueltas del 68, su germen estaba ya sembrado en el primer tercio del siglo XX.

A partir del llamado mayo del 68 fue extendiéndose la idea de que el único sistema "equitativo" de educación era aquél que procurase la misma instrucción a todos los ciudadanos durante el mayor tiempo posible. En Inglaterra, los laboristas impusieron las llamadas Comprehensives Schools en 1976; en ellas, los escolares reciben la misma formación hasta los 16 ó 18 años. En Suecia, el Gobierno socialdemócrata había implantado un sistema parecido en 1970. Se trata de un sistema unificado donde la enseñanza secundaria es una mera continuación de la primaria y donde el bachillerato es prácticamente inexistente. Es decir, aquel modelo de escuela unificada que los institucionistas habían defendido, que el PSOE había adoptado en 1918 y que, como todo el mundo sabe, en España se implantó con la ley socialista de 1990, la Logse.

Por otra parte, la filosofía pedagógica que domina hoy en el terreno de la educación sigue siendo de inspiración puramente roussoniana: educar es más importante que instruir, el niño debe construir sus propios conocimientos, el profesor nunca ha de forzar al niño sino acompañarle en su autoaprendizaje, la disciplina no se ha de imponer, la enseñanza memorística y abstracta no sirve para nada, los exámenes son una rémora autoritaria y sólo sirven para traumatizar al alumno.

Por si fuera poco, nada queda ya de las cautelas de los liberales de Cádiz sobre el papel que había de corresponder al Estado en la instrucción de los ciudadanos, o del miedo del duque de Rivas a que algún Gobierno sucumbiera a la tentación de esclavizar el pensamiento de los individuos. Ni siquiera se reclama, como hacía Condorcet, que la instrucción sea pública y la educación, privada. Cada día el Estado asume nuevas tareas educativas, que son recibidas con aplausos por la mayor parte de eso que se llama "comunidad educativa".

Si los políticos liberales de principios del siglo XX se hubieran preocupado por elaborar una teoría sobre la educación de acuerdo con sus convicciones habrían podido darse cuenta de que, como dice Isaiah Berlin, Rousseau fue "uno de los más siniestros y más formidables enemigos de la libertad en toda la historia del pensamiento moderno". Si hubieran mantenido las cautelas hacia la estatalización de la enseñanza o si hubieran, al menos, mantenido los principios de Condorcet, quizás no habríamos llegado a la situación actual, en la que no solamente no se encuentra ni rastro de pensamiento liberal en la escuela pública, sino que, además, su profesorado está convencido de que sólo el sistema público de enseñanza puede ser socialmente justo y respetuoso con la libertad de conciencia.

por Alicia Delibes
en http://www.liberalismo.org/articulo/401/46/desaparicion/pensamiento/liberal/educacion/

La reivindicación del Estado

Los anarquistas proponen la eliminación del Estado. Los marxistas adhieren al ensanchamiento del Estado pero como medida transitoria, dado que una vez abolida la propiedad privada y alcanzado los objetivos igualitarios la meta póstuma de estos consiste en la eliminación de mismo. El fascismo o movimientos afines como el peronismo confunden al Estado con el partido y lo convierten en un instrumento electoral (antes que institucional) al servicio del caudillo, la familia o la camarilla gobernante.

En sentido contrario, los que defendemos las ideas en favor de la libre iniciativa y del mercado, lejos de querer eliminar o desnaturalizar al Estado, lo reivindicamos de veras. Pero dicha reclamación no es a ese Estado que obra de rodillo compresor aplastando las iniciativas individuales; no al Estado-Partido que está al servicio electoral, proselitista o comercial de sus ocasionales usurpadores; no al Estado que opera como un antro para hacer negociados con plata de los contribuyentes; no al Estado como Mega-Empleador en el que todos pujan por colocar familiares o amigotes en dependencias inútiles; no al Estado Subsidiante al cual hay que extorsionar o presionar para arrancarle becas, pensiones y prebendas entre otros privilegios crematísticos.

Desde aquí proclamamos y reivindicamos al Estado no como estructura enemiga de la propiedad privada (ni siquiera complementaria), sino al Estado en cuanto entidad que debe precisamente custodiar y defender la propiedad privada y la libre iniciativa. ¿Quién sino el Estado para obrar de garante de que los individuos no se dañen entre sí en sus bienes físicos o materiales?

De la misma manera en que estar a favor de las garantías jurídicas no tiene absolutamente nada que ver con abrazar los infantilismos garantistas, la reivindicación del Estado nada tiene que ver con el estatismo.

Luego, la reivindicación del Estado constituye la mejor forma de defender lo privado.

Nicolás Márquez en La Prensa Popular,Edición 96, 9 de Abril de 2012
http://www.laprensapopular.com.ar/4626/la-reivindicacion-del-estado

Libertades que son el pan de cada día

Por Juan Bautista Alberdi

"Pero es condición esencial de la libertad moderna que una parte de su ejercicio sea delegada por el país a un cierto número de mandatarios o representantes. Así, el gobierno del país por el país, en que consiste la libertad verdadera, lejos de excluir la existencia de un gobierno delegado por el país gobernante, no puede un pueblo soberano gobernarse a sí mismo sino por medio de delegados, que desempeñan en su nombre la gestión de su poder o libertad colectiva, en la forma, en el número defunciones y en los objetos determinados por una gran ley, que se llama" Constitución". 

 

"Esa delegación abraza esencialmente una mitad del poder del país delegante, y es la que toma el nombre de "gobierno" propiamente dicho. La otra mitad del poder popular, queda sin ser delegada, en manos del país mismo, que la ejerce de un modo inmediato y directo; esta es la que principalmente se llama "libertad". "Esta reserva es la condición natural de toda delegación discreta. El que delega todo su poder y no se reserva ninguno, se constituye esclavo, siervo o pupilo de su mandatario. No hay más que un medio de impedir que el mandatario ceda al instinto natural de apropiarse el poder ajeno depositado en sus manos, y es que el país se reserve otra porción de su poder para impedirle ese abuso, siempre posible y casi siempre probable. 

"Esta porción de su gobierno, que el país se reserva para ejercer directa e inmediatamente por símismo, se compone, más o menos, de los siguientes "poderes, atribuciones, garantías ", que son como el decálogo social del hombre libre:"

1.° La libertad o el poder de elegir a sus mandatarios, delegatarios o representantes;"

2.° La libertad o el poder de discutir los actos y la conducta pública del poder delegado, de instruir, de aconsejar, de informar, de censurar, de desaprobar, de combatir sus medidas, por todos los medios y vías de publicidad constitucional;"

3.° El poder o la libertad de celebrar congresos o reuniones para discutir en público por la palabra, la conducta del Gobierno, las medidas que el país desea, las cuestiones públicas que interesan a una institución, a una elección, a un trabajo, a un cambio o reforma de utilidad general;"

4.° El poder o la libertad de perpetuar esas asociaciones como medio de mantener un espíritu público, una opinión general, siempre dispuesta a ser consultada y manifestada en los casos necesarios;"

5.° La libertad o el poder de administrar los negocios locales o provinciales, que no han sido, ni deben, ni pueden ser delegados al Gobierno general o central de la nación;"

6.° La libertad o el poder de pensar, de estudiar, de aprender, de creer, de enseñar, de educar, de instruir, (de que hace parte la libertad de los cultos, simples medios populares de educar las almas y los corazones) ;"

7.° La libertad o el derecho civil y social de gobernar y administrar su propia persona privada, su propia familia, su propio hogar, su propio peculio y su propia industria y trabajo privado, en que ese peculio tiene origen, sin intervención del país ni del Gobierno, cuando ni el país ni el Gobierno son ofendidos en ello;"

8.° La libertad o el poder de armarse voluntariamente, para componer la fuerza exigida por la defensa. del país, contra toda usurpación de su derecho, tanto externa como interna;"

9.° La libertad o el poder de irse del país o de venir al país, de circular en su territorio, de elegir su domicilio, de formar poblaciones, de crear establecimientos y poblarlos por inmigrados extranjeros, traídos por vía de industria privada;"

10.° La libertad o el poder de trabajar en toda industria, para comer, vivir y enriquecer, reservada por igual a todos los habitantes, sin desmentida ni revocada por monopolios y privilegios;"

11.° La libertad o el poder de adquirir, de poseer, de enajenar, de ceder y trasmitir su bien en toda forma y por toda vía, sin limitación ni restricción."

Otra de las condiciones alimenticias de la libertad es el desarrollo del trabajo industrial en el país. Sólo es libre el país que es rico, y sólo es rico el país que trabaja libremente. 

La libertad es poder, siempre que el poder nace de la riqueza; pero la riqueza que nace del poder no es libertad, porque nace del ocio, no del trabajo. La libertad deja de existir en el país que convierte su política en industria de enriquecer y vivir. 

Cuando un país cae en esa degradación, no le queda salud sino en la conquista del trabajo como educación; y el solo ejército que sirve para operar esa conquista, es una inmigración de trabajadores inteligentes. 

No se alucine Sud América con su fértil suelo. Su fertilidad no la dará la riqueza, que vive en el hombre laborioso, no el suelo. No hay mejor medio de traer riquezas y capitales extranjeros al país, que traer inmigraciones de trabajadores inteligentes y laboriosos."

por Juan Bautista Alberdi en "Peregrinación de Luz de Día" Parte 3, Capítulo XXI, Libertades que son el pan de cada día.