El constitucionalista italiano Giuseppe de Vergottini revaloriza el derecho de disentir
"La libertad de expresión, de los diarios y de los medios audiovisuales es central para la democracia liberal, porque sirve para defender todos los otros derechos y para mantener a raya al populismo, que deforma la democracia misma", afirma el constitucionalista italiano Giuseppe de Vergottini.
De Vergottini, ferviente defensor del pluralismo y del "derecho de disentir", es una de las mentes más brillantes del derecho y sus libros son clásicos en todo el mundo.
Profesor de la Universidad de Bolonia, entre otras prestigiosas sedes académicas, y presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, habló con LA NACION sobre el populismo y de la libertad.
-Los gobiernos de América latina caen una y otra vez en la tentación de la censura.
-Sí, lo que está haciendo el presidente Hugo Chávez, dominando la televisión de Venezuela, es dramático. En la Argentina, una ley le puso cupo a la producción y comercialización de papel para diarios. Y el Gobierno, hasta donde tengo entendido, estaría aplicando la ley de medios en forma discriminatoria sólo en perjuicio de un sólo grupo de medios.
-¿Por qué los gobiernos no pueden superar la tentación de querer dominar el relato?
-Es extraño, pero tiene una explicación. Se creía que una vez superados los gobiernos militares de los años setenta, estos países iban a abrazar definitivamente los principios liberales. La libertad para disentir, para mantener una controversia política, está en el corazón mismo de la democracia, es su razón de ser. Pero ahora, que no hay militares, aparecieron los gobiernos populistas. El populismo respeta la Constitución sólo de manera formal porque, en la práctica, la aplica según el deseo del líder político.
-Es la ley de una persona.
-Sí. Para el líder populista, la Constitución es una norma que no lo obliga y que la aplica unilateralmente según sus deseos. El líder populista no piensa en la Constitución; piensa en ganar el consenso de la calle y, si es necesario, busca transformar el aplauso que se genera dentro de un estudio de TV en un artilugio político para hacer creer que el que aplaude es todo el país. El populismo es absolutamente negativo para una sociedad: suprime el debate, la oposición y la alternancia.
-¿Queda en el populismo algún lugar para el Congreso?
-Al Parlamento le queda un lugar muy marginal. El jefe populista, presidente o primer ministro, está más interesado en buscar consenso, incluso valiéndose de los medios, que en discutir una ley del Congreso. Lo que más le interesa a ese líder es establecer un diálogo emocional con el pueblo.
-¿No le importa que el pueblo esté informado?
-No, en absoluto. El gobierno democrático debe ser abierto. Existe un derecho de saber, a acceder a información valiosa, de reclamar esa información, pero es difícil ejercerlo.
-La democracia emocional es la negación de las instituciones. ¿Cómo se supera esa etapa?
-Transformando la cultura. Las instituciones, por sí solas, no pueden hacer el trabajo. La cultura de la sociedad tiene que aprender a valorar el pluralismo, el respeto a las leyes y a las instituciones. Cuando el pueblo es maduro, el propio presidente ayuda a progresar al pueblo. Pero, en muchos casos, el presidente o el jefe de Gobierno es un ancla y busca estancar el progreso. Es un problema de responsabilidad.
-¿Hay riesgos de populismo en Europa?
-El populismo no es sólo un problema de América latina. Pero en Europa no hay gobiernos populistas. Sí aparecen rasgos populistas de algunos gobiernos que no se animan a tomar medidas que los pueden enemistar con la mayoría, como medidas de ajuste económico que son necesarias.
-¿Qué piensa frente a los gobiernos que pretenden controlar a los canales y diarios?
-Las leyes no pueden aplicarse para beneficiar a algunos medios y perjudicar a otros. No sólo es discriminatorio, sino que también viola el pluarismo.Eso significa que tiene que haber canales, radios y diarios privados de todas las tendencias, pero también, dentro de cada medio público, no tiene que haber predominio de la línea de pensamiento oficialista, sino espacio para todas las ideas políticas.
-¿En la Italia de Berlusconi se respetaba eso?
-Sí, incluso un gobierno como el de Berlusconi lo respetó.
miércoles, 3 de octubre de 2012
martes, 18 de septiembre de 2012
El joven Popper, en el esplendor de Viena
Por Mario Vargas Llosa
Sin Hitler y los nazis, Karl Popper no hubiera escrito nunca ese libro clave del pensamiento democrático y liberal moderno, La sociedad abierta y sus enemigos (1945) y, probablemente, su vida hubiera sido la de un oscuro profesor de filosofía de la ciencia confinado en su Viena natal. Muy poco se conocía de la infancia y juventud de Popper -su Autobiografía (1976) las escamotea casi por completo- hasta la aparición del libro de Malachi Haim Hacohen, Karl Popper. The Formative Years. 1902-1945 (2000), exhaustiva investigación sobre aquella etapa de la vida del filósofo en el marco deslumbrante de la Viena de los primeros años del XX, una sociedad multicultural y multirracial, cosmopolita, de efervescente creatividad literaria y artística, espíritu crítico e intensos debates intelectuales y políticos. Allí debió gestarse la idea popperiana de la "sociedad abierta" de la cultura democrática contrapuesta a las "sociedades cerradas" del totalitarismo. Como desde la ocupación nazi de Austria en marzo de 1938 la vida cultural de este país entró en una etapa de oscurantismo y decadencia de la que todavía no se ha recuperado -sus mejores talentos emigraron, fueron exterminados o anulados por el terror y la censura-, cuesta trabajo imaginar que la Viena en la que Popper hizo sus primeros estudios, descubrió su vocación por la investigación, la ciencia y la disidencia, aprendió el oficio de carpintero y militó en el socialismo más radical era acaso la ciudad más culta y libre de Europa, un mundo donde católicos, protestantes, judíos integrados o sionistas, librepensadores, masones, ateos coexistían, polemizaban y contribuían a revolucionar las formas artísticas, la música sobre todo, aunque también la pintura y la literatura, las ciencias sociales y las exactas, y la filosofía. Un libro recién traducido al español, de William Johnston, The Austrian Mind: An Intellectual and Social History 1848-1938 (1972) ( El genio austrohúngaro. Historia social e intelectual 1848-1938 ), reconstruye con rigor esa fascinante Torre de Babel en la que precozmente Popper aprendió a detestar el nacionalismo, una de sus bestias negras a la que siempre identificó como el enemigo mortal de la cultura de la libertad.
La familia de Popper, de origen judío, se había convertido al protestantismo dos generaciones antes de que él naciera, en 1902. Su abuelo paterno tenía una formidable biblioteca en la que él, niño, contraería la pasión de la lectura. Nunca se consoló de haber tenido que venderla cuando se desplomaron las finanzas de su familia, que, durante su infancia, era muy próspera. En su vejez, cuando, por primera vez en su vida, recibió algo de dinero por derechos de autor, trató ingenuamente de reconstruirla, pero no lo consiguió. Su educación fue protestante y estoica, puritana, y, aunque se casó con Hennie, una católica, esa moral estricta, calvinista, de renuncia de toda sensualidad y autoexigencia y austeridad extremas lo acompañó toda su vida. Según los testimonios recogidos por Malachi Hacohen, lo que más reprochaba Popper a Marx y a Kennedy no eran sus errores políticos, sino haberse permitido tener amantes.
En la Viena de su juventud -la Viena Roja-, prevalecía un socialismo liberal y democrático que propiciaba el multiculturalismo, y muchas familias judías integradas, como la suya, ocupaban posiciones de privilegio en la vida económica, universitaria y hasta política. Su precoz rechazo de toda forma de nacionalismo -la regresión a la tribu- lo llevó a oponerse al sionismo y siempre pensó que la creación de Israel fue "un trágico error". En el borrador de su Autobiografía escribió una frase durísima: "Inicialmente me opuse al sionismo porque yo estaba contra toda forma de nacionalismo. Pero nunca creí que los sionistas se volvieran racistas. Esto me hace sentir vergüenza de mi origen, pues me siento responsable de las acciones de los nacionalistas israelíes".
Pensaba entonces que los judíos debían integrarse a las sociedades en las que vivían, como había hecho su familia, porque la idea "del pueblo elegido" le parecía peligrosa. Presagiaba, según él, las visiones modernas de la "clase elegida" del marxismo o de la "raza elegida" del nazismo. Debió ser terrible para quien pensaba de este modo ver cómo, en la sociedad que creía abierta, el antisemitismo comenzaba a crecer como la espuma por la influencia ideológica que venía de Alemania, y sentirse de pronto amenazado, asfixiado y obligado a exiliarse. Poco después, ya en el exilio de Nueva Zelanda, donde, gracias a sus amigos F.A. Hayek y Ernst Gombrich, había conseguido un modesto trabajo como lector en la Canterbury University, en Christchurch, se iría enterando que dieciséis parientes cercanos suyos -tíos, tías, primos, primas-, además de innumerables colegas y amigos austríacos de origen judío, como él, y perfectamente integrados, serían aniquilados o morirían en los campos de concentración, víctimas del racismo demencial de los nazis.
Éste es el contexto que indujo a Popper a apartarse unos años de sus investigaciones científicas (antes de abandonar Austria había ya publicado Logik der Forschung , Lógica de la investigación científica ) y prestar lo que llamaría su contribución intelectual a la resistencia contra la amenaza totalitaria. Primero fue La pobreza del historicismo (1944-1945) y luego La sociedad abierta y sus enemigos (1945). Malachi Hacohen traza una minuciosa y absorbente historia de las condiciones difíciles, poco menos que heroicas, en que Popper trabajó estos dos libros de filosofía política que le darían una celebridad que nunca imaginó, robando horas a las clases y obligaciones administrativas en la Universidad, pidiendo ayuda bibliográfica a sus amigos europeos, y viviendo en una pobreza que, por momentos, se acercaba a la miseria, ayudado por la lealtad y la entrega misioneras de Hennie, que descifraba el manuscrito, lo dactilografiaba y, además, lo sometía por momentos a críticas duras.
Malachi Hacohen ha trabajado tanto en este libro sobre el joven Popper como éste en su investigación sobre los orígenes del totalitarismo en la Grecia clásica que, según él, arranca con Platón y llega hasta Marx, Lenin y el fascismo, pasando por Hegel y Comte. Y por momentos da la impresión de que, en el curso de esos años de intensa dedicación, fue pasando de la admiración devota y casi religiosa hacia Popper a un cierto desencanto, a medida que descubría en su vida privada los defectos y manías inevitables, sus intolerancias, su poca reciprocidad con quienes lo habían ayudado, sus depresiones y manías, su poca flexibilidad para aceptar la llegada de nuevas formas, ideas y modas de la modernidad. Algunas de estas críticas me parecen muy injustas, pero ellas no están de más en un libro dedicado a quien sostuvo siempre que el espíritu crítico es la condición indispensable del verdadero progreso en el dominio de la ciencia y en el de la vida social, y que es sometiendo a la prueba del examen y del error -es decir, tratando de "falsearlas", de demostrar que son falsas- que se conoce la verdad o la mentira de las doctrinas, teorías e interpretaciones que pretenden explicar al individuo aislado o inmerso en la amalgama social.
Por otra parte, Malachi Hacohen deja claramente establecido que, contra lo que se llegó a creer en los años de la Guerra Fría, Popper era el filósofo nato del conservadurismo; sus tesis sobre la sociedad abierta y la sociedad cerrada, el esencialismo, el historicismo, el Mundo Tercero, la ingeniería social fragmentaria, el espíritu tribal y sus argumentos contra el nacionalismo, el dogmatismo y las ortodoxias políticas y religiosas cubren un amplio espectro filosófico liberal en el que pueden reconocerse por igual todas las formaciones políticas democráticas, desde el socialismo hasta el conservadurismo que acepten la división de poderes, las elecciones, la libertad de expresión y el mercado. El liberalismo de Karl Popper es profundamente progresista porque está imbuido de una voluntad de justicia que a veces se halla ausente en quienes cifran el destino de la libertad sólo en la existencia de mercados libres, olvidando que éstos, por sí solos, terminan, según la metáfora de Isaiah Berlin, permitiendo que los lobos se coman a todos los corderos.
La libertad económica, que Popper defendió, debía complementarse a través de una educación pública de alto nivel y diversas iniciativas de orden social, como una vida cultural intensa y accesible al mayor número, a fin de crear una igualdad de oportunidades que impidiera, en cada generación, la creación de privilegios heredados, algo que le pareció siempre tan nefasto como los dogmas religiosos y el espíritu tribal.
por Mario Vargas Llosa en http://www.lanacion.com.ar/1509077-el-joven-popper-en-el-esplendor-de-viena
© LA NACION.
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jueves, 23 de agosto de 2012
Una Lección en Capitalismo de Amigotes
Jorge Luis Borges solía decir que los argentinos sufrían con “demasiados mesías”. Su presidente actual, Cristina Fernández de Kirchner, sin dudas predica como si lo fuera. En reuniones de la ONU, regaña a EE.UU. y Europa por la crisis financiera global, y en el última cumbre del G-20 en junio intentó reavivar la disputa por las Islas Malvinas con Gran Bretaña.
En Argentina, Kirchner convirtió una ley para emitir anuncios clave en los medios en una plataforma política permanente. Aparece en TV constantemente hablando de temas tanto importantes (como su apropiación de la petrolera YPF de manos de la española Repsol), como banales (videoconferencias en las que aparecen fanáticos que integran las filas del gobierno). Un pago rutinario de deuda el viernes pasado presentó una oportunidad para otra diatriba televisada contra el capitalismo global, y una oportunidad de exaltar las virtudes de su propio gobierno, uno “levantado sobre la equidad y los derechos humanos”.
En momentos en que EE.UU. se prepara para una importante elección presidencial, Argentina es un triste recordatorio de cómo las tomas del poder del gobierno y el capitalismo de amigotes son el enemigo del desarrollo genuino.
A los economistas de izquierda les encanta señalar que el PIB de Argentina creció con rapidez desde que los Kirchner llegaron al poder en 2003. Fernández de Kirchner es la viuda del ex presidente Néstor Kirchner y lo sucedió en la presidencia en 2007. Bajo el gobierno de los Kirchner, un auge global de los commodities brindó un viento de cola para una economía argentina orientada a la producción de alimentos.
En medio del auge, los Kirchner denunciaron un “neoliberalismo” corrupto, y prometieron “liberar a la gente” a través de un gobierno revitalizado. Así que mientras Perú y Colombia profundizaban las reformas estructurales, Argentina expandía su burocracia y evitaba la liberalización. Eso llevó a menos independencia para instituciones como la agencia nacional de estadísticas, Indec, que ha mentido de forma tan descarada sobre la inflación que la revista The Economist ahora se niega a publicar sus cifras alteradas. Los informes falsificados de baja inflación del Indec minimizan los pagos indexados a jubilados, así como subestiman las cifras de pobreza. Sin embargo, los niños se mueren de hambre en las provincias rurales sin importar lo que elige publicar el gobierno. Las organizaciones civiles que se han pronunciado sobre las mentiras han registrado una disminución en su financiación y sus líderes fueron amenazados. Nada parecido a liberar a la gente.
Estas mentiras ayudan a cubrir más intervenciones perniciosas del gobierno. En marzo, Kirchner destruyó la independencia del banco central argentino, al reescribir su carta orgánica para permitirle al gobierno un uso ilimitado de las reservas del banco para pagar sus deudas, una receta certera para aún más inflación dañina y una moneda devaluada.
Cuando algunos sostienen que las actuales “aguas desconocidas” de la política monetaria indican la necesidad de más supervisión política sobre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, la experiencia argentina es un testimonio de cuán importante sigue siendo la estabilidad de precios en tiempos inestables. En particular en países en vías de desarrollo, los ricos encuentran formas de protegerse contra la inflación, mientras los jubilados y los pobres sufren más que nadie.
El deterioro institucional se entiende por todos lados y sólo empeora. Esta semana, el gobierno de Kirchner anunció planes de expropiar la empresa que imprime su moneda, el peso argentino.
Los argentinos de clase media han ahorrado en dólares para protegerse a sí mismos. Pero a fines del año pasado, el gobierno implementó severos controles monetarios y comerciales. Esto ha alienado a socios comerciales clave como Brasil y llevó a una escasez rutinaria de insumos esenciales. Lamentablemente, ninguna empresa que dependa de cadenas de suministro global puede producir en Argentina ahora. La producción industrial sobrevive sólo a través de ineficientes aranceles a las importaciones. Así que, previsiblemente, la productividad se resiente. Un iPad en Argentina, por ejemplo, cuesta más que en cualquier otro lugar del mundo.
Aún peor, los controles autoritarios han dado origen a múltiples tasas de cambio: si uno es amigo del gobierno, el dólar cuesta 4,5 pesos. Para todos los demás, sale más de seis. La compra venta instantánea hace que el amiguismo sea rentable.
Los jubilados argentinos han sido afectados en particular. Marginados de los mercados de crédito global, los fondos privados de pensión fueron nacionalizados en 2010. Si el sistema privado carecía de la supervisión debida, el sistema nuevo está diseñado sin ambigüedades para apropiarse de los fondos con fines políticos. ¿De qué otra forma se puede explicar un plan presentado el mes pasado para ofrecer viviendas a tasas de interés reales de -20% -financiadas por fondos de seguridad social y que serán construidas por amigos de Kirchner- cuando la mayoría de los jubilados están por debajo de los niveles de subsistencia?
Fondos de seguridad social también han sido destinados a nacionalizar empresas como la expropiada YPF. Pero cuando la gerencia se pone en manos de amigos y no de expertos, la desafortunada mezcla de corrupción e ineptitud garantiza pérdidas para tanto la seguridad social como los empleados de la empresa. No es sorprendente que ninguna petrolera extranjera -ni siquiera la rusa Gazprom ni la china Sinopec- haya invertido en YPF. La semana pasada, el presidente ejecutivo elegido a dedo por el gobierno incluso amenazó con dejar su cargo debido al poco control que tiene sobre la empresa.
Con una mezcla tóxica de inflación, autoritarismo y corrupción que deja a la economía estancada, Kirchner ha estado viajando por el mundo en busca de nuevos amigos. Para un gobierno que se concentró el juzgar los crímenes genocidas de la junta miliar de los años 70, es muy sorprendente que sus misiones comerciales más recientes hayan sido a los países dictatoriales como Azerbaiján, donde los partidarios de la democracia son encarcelados regularmente, y Angola, donde una familia gobernante corrupta mantiene el poder desde hace 30 años al perpetrar violentos crímenes contra los opositores.
El arquitecto de la radicalización económica de Argentina, el neo-marxista Axel Kicillof, suele llamar a los críticos “reaccionarios” mientras elogia la administración de demanda agregada keynesiana. Dado que sus políticas ahora causaron un estancamiento inflacionario en la Argentina, no debería sorprender que lo que escribe Kicillof sobre Keynes es tomado de otros académicos desacreditados hace tiempo. Y sin embargo, los amigos de Kicillof -ahora en posiciones de liderazgo en empresas recién nacionalizadas y en juntas directivas corporativas debido a las inversiones de seguridad social- se han beneficiado fácilmente de este “gobierno revitalizado”.
En los años 60, el filósofo situacionista Guy Débord acuñó la frase “la sociedad del espectáculo” para describir la farsa de los burócratas soviéticos que simulaban defender al proletariado mientras sólo se beneficiaban a sí mismos. En momentos en que la mayor parte de América Latina implementa prometedoras reformas institucionales, Argentina necesita menos sermones televisados y más acción para enfrentar el capitalismo de amigotes que se extiende por su gobierno. Como otros falsos profetas, el gobierno de Kirchner ha terminado representando el mismo mal que pretendía combatir. Argentina se merece algo mejor.
En Argentina, Kirchner convirtió una ley para emitir anuncios clave en los medios en una plataforma política permanente. Aparece en TV constantemente hablando de temas tanto importantes (como su apropiación de la petrolera YPF de manos de la española Repsol), como banales (videoconferencias en las que aparecen fanáticos que integran las filas del gobierno). Un pago rutinario de deuda el viernes pasado presentó una oportunidad para otra diatriba televisada contra el capitalismo global, y una oportunidad de exaltar las virtudes de su propio gobierno, uno “levantado sobre la equidad y los derechos humanos”.
En momentos en que EE.UU. se prepara para una importante elección presidencial, Argentina es un triste recordatorio de cómo las tomas del poder del gobierno y el capitalismo de amigotes son el enemigo del desarrollo genuino.
A los economistas de izquierda les encanta señalar que el PIB de Argentina creció con rapidez desde que los Kirchner llegaron al poder en 2003. Fernández de Kirchner es la viuda del ex presidente Néstor Kirchner y lo sucedió en la presidencia en 2007. Bajo el gobierno de los Kirchner, un auge global de los commodities brindó un viento de cola para una economía argentina orientada a la producción de alimentos.
En medio del auge, los Kirchner denunciaron un “neoliberalismo” corrupto, y prometieron “liberar a la gente” a través de un gobierno revitalizado. Así que mientras Perú y Colombia profundizaban las reformas estructurales, Argentina expandía su burocracia y evitaba la liberalización. Eso llevó a menos independencia para instituciones como la agencia nacional de estadísticas, Indec, que ha mentido de forma tan descarada sobre la inflación que la revista The Economist ahora se niega a publicar sus cifras alteradas. Los informes falsificados de baja inflación del Indec minimizan los pagos indexados a jubilados, así como subestiman las cifras de pobreza. Sin embargo, los niños se mueren de hambre en las provincias rurales sin importar lo que elige publicar el gobierno. Las organizaciones civiles que se han pronunciado sobre las mentiras han registrado una disminución en su financiación y sus líderes fueron amenazados. Nada parecido a liberar a la gente.
Estas mentiras ayudan a cubrir más intervenciones perniciosas del gobierno. En marzo, Kirchner destruyó la independencia del banco central argentino, al reescribir su carta orgánica para permitirle al gobierno un uso ilimitado de las reservas del banco para pagar sus deudas, una receta certera para aún más inflación dañina y una moneda devaluada.
Cuando algunos sostienen que las actuales “aguas desconocidas” de la política monetaria indican la necesidad de más supervisión política sobre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, la experiencia argentina es un testimonio de cuán importante sigue siendo la estabilidad de precios en tiempos inestables. En particular en países en vías de desarrollo, los ricos encuentran formas de protegerse contra la inflación, mientras los jubilados y los pobres sufren más que nadie.
El deterioro institucional se entiende por todos lados y sólo empeora. Esta semana, el gobierno de Kirchner anunció planes de expropiar la empresa que imprime su moneda, el peso argentino.
Los argentinos de clase media han ahorrado en dólares para protegerse a sí mismos. Pero a fines del año pasado, el gobierno implementó severos controles monetarios y comerciales. Esto ha alienado a socios comerciales clave como Brasil y llevó a una escasez rutinaria de insumos esenciales. Lamentablemente, ninguna empresa que dependa de cadenas de suministro global puede producir en Argentina ahora. La producción industrial sobrevive sólo a través de ineficientes aranceles a las importaciones. Así que, previsiblemente, la productividad se resiente. Un iPad en Argentina, por ejemplo, cuesta más que en cualquier otro lugar del mundo.
Aún peor, los controles autoritarios han dado origen a múltiples tasas de cambio: si uno es amigo del gobierno, el dólar cuesta 4,5 pesos. Para todos los demás, sale más de seis. La compra venta instantánea hace que el amiguismo sea rentable.
Los jubilados argentinos han sido afectados en particular. Marginados de los mercados de crédito global, los fondos privados de pensión fueron nacionalizados en 2010. Si el sistema privado carecía de la supervisión debida, el sistema nuevo está diseñado sin ambigüedades para apropiarse de los fondos con fines políticos. ¿De qué otra forma se puede explicar un plan presentado el mes pasado para ofrecer viviendas a tasas de interés reales de -20% -financiadas por fondos de seguridad social y que serán construidas por amigos de Kirchner- cuando la mayoría de los jubilados están por debajo de los niveles de subsistencia?
Fondos de seguridad social también han sido destinados a nacionalizar empresas como la expropiada YPF. Pero cuando la gerencia se pone en manos de amigos y no de expertos, la desafortunada mezcla de corrupción e ineptitud garantiza pérdidas para tanto la seguridad social como los empleados de la empresa. No es sorprendente que ninguna petrolera extranjera -ni siquiera la rusa Gazprom ni la china Sinopec- haya invertido en YPF. La semana pasada, el presidente ejecutivo elegido a dedo por el gobierno incluso amenazó con dejar su cargo debido al poco control que tiene sobre la empresa.
Con una mezcla tóxica de inflación, autoritarismo y corrupción que deja a la economía estancada, Kirchner ha estado viajando por el mundo en busca de nuevos amigos. Para un gobierno que se concentró el juzgar los crímenes genocidas de la junta miliar de los años 70, es muy sorprendente que sus misiones comerciales más recientes hayan sido a los países dictatoriales como Azerbaiján, donde los partidarios de la democracia son encarcelados regularmente, y Angola, donde una familia gobernante corrupta mantiene el poder desde hace 30 años al perpetrar violentos crímenes contra los opositores.
El arquitecto de la radicalización económica de Argentina, el neo-marxista Axel Kicillof, suele llamar a los críticos “reaccionarios” mientras elogia la administración de demanda agregada keynesiana. Dado que sus políticas ahora causaron un estancamiento inflacionario en la Argentina, no debería sorprender que lo que escribe Kicillof sobre Keynes es tomado de otros académicos desacreditados hace tiempo. Y sin embargo, los amigos de Kicillof -ahora en posiciones de liderazgo en empresas recién nacionalizadas y en juntas directivas corporativas debido a las inversiones de seguridad social- se han beneficiado fácilmente de este “gobierno revitalizado”.
En los años 60, el filósofo situacionista Guy Débord acuñó la frase “la sociedad del espectáculo” para describir la farsa de los burócratas soviéticos que simulaban defender al proletariado mientras sólo se beneficiaban a sí mismos. En momentos en que la mayor parte de América Latina implementa prometedoras reformas institucionales, Argentina necesita menos sermones televisados y más acción para enfrentar el capitalismo de amigotes que se extiende por su gobierno. Como otros falsos profetas, el gobierno de Kirchner ha terminado representando el mismo mal que pretendía combatir. Argentina se merece algo mejor.
Por Pierpaolo Barbieri
en The Wall Street Journal
jueves, 31 de mayo de 2012
Argentina: debate sobre libertad de expresión
¿Existe la libertad de expresión en Internet? ¿De qué manera es posible garantizarla? ¿Se puede regular la circulación de información en la web sin caer en la censura?
Con el objetivo de discutir acerca de estos temas, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) organizaron un encuentro en Buenos Aires en el que representantes del sector público y privado debatieron acerca de los desafíos de la libertad de expresión en Internet.
Libertad de expresión como naturaleza humana
Uno de los panelistas invitados fue el periodista Ariel Torres, columnista y editor de Tecnología del diario argentino La Nación, quien sentó las bases de la discusión al definir a la libertad de expresión como una característica inherente al ser humano: “Es la herramienta más letal y poderosa que tiene esta especie. Somos eso. La libertad de expresión no es ninguna tontería. Es la naturaleza humana”.
Además, el periodista argentino aseguró que cualquier clase de restricción a la libertad de expresión de las personas es “amputar su humanidad”. “Cuando alguien me habla de los excesos a la libertad de expresión, me da la impresión de que dijese ‘esa persona está viviendo en exceso’. No hay diferencia. No es un derecho cualquiera, ni siquiera es el derecho de reunión, ni es el derecho de moverse libremente por un país, que es un derecho fundamental. Es lo que nos hace humanos”.
Finalmente, Torres sostuvo que hay que dejar de pensar que la libertad de expresión es cosa de periodistas. “Es el más importante de los derechos humanos. Por algo la declaración universal lo cita primero. Porque sin eso, no hay nada más”, concluyó.
Tres argumentos para limitar la información
Una de las preguntas que se plantearon durante el debate fue la necesidad de diseñar políticas públicas de regulación de Internet que no afecten la libertad de expresión de los usuarios. En este sentido, en diálogo con Radio Nederland, Beatriz Busaniche, docente de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Fundación Vía Libre y de Wikimedia Argentina, enumeró los tres argumentos que están siendo utilizados en el mundo para poner en jaque la libre circulación de información en Internet.
“Uno es la ciberseguridad, que es uno de los argumentos por los que se aprobó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la ley CISPA, y también en Argentina se han aprobado leyes de delito informáticos”, explicó.
De acuerdo con Busaniche, el segundo argumento utilizado para justificar el control de la información que circula en Internet está relacionado con los mecanismos de filtrado, control, seguimiento y monitoreo para prevenir la pedofilia. “Claramente, detrás de una causa noble, se esconde en realidad la necesidad de establecer mecanismos de control de Internet. Incluso las tecnologías desarrolladas para prevenir la circulación de imágenes de pedofilia en Internet son usadas para bloquear sitios acusados de infracción de copyright”, sostuvo.
Por último, mencionó el tema del copyright, es decir, la defensa de la propiedad intelectual en el entorno digital. “Ahí tenemos proyectos como SOPA, PIPA y otro tipo de medidas que hacen que se empiece a controlar la información que circula en Internet”, ejemplificó.
Según Busaniche, cada vez que se proponen legislaciones o mecanismos de control de Internet no hay que pensar en cuál es el argumento para hacerlo, sino cuáles serán las consecuencias que va a traer su implementación. “Ése es el punto que hay que analizar. Un proyecto puede tener muy buenas intenciones, pero su implementación puede ser muy peligrosa para la libertad de expresión”, advirtió.
Libertad de expresión, pero con límites
Uno de los grandes actores del escenario virtual es Google, la compañía internacional con presencia en 150 países, que ha enfrentado varias acusaciones referidas a los modos en que ordena la información que circula en Internet. Durante el debate, Martín Wasserman, analista senior de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de Google para América Latina, sostuvo que la empresa promueve la libertad de expresión en la red, pero con ciertos límites.
“Primero, la libertad de expresión es casi el motor fundamental de todo lo que hacemos. Organizar la información y hacerla accesible es casi un sinónimo de fomentar la libertad de expresión. Nuestros productos y servicios se basan en ese intercambio de información y están diseñados para ayudar a las personas a crear, compartir, almacenar, investigar y acceder a la información. Por lo tanto, una Internet con paredes, que no se base en estos fundamentos, es una Internet que no queremos para nadie, y menos para nuestros usuarios”, aclaró.
Sin embargo, Wasserman explicó que, para Google, existen ciertos límites, “algunos claros y otros más difíciles” de establecer. “Hay un límite claro, por ejemplo, con la pornografía infantil. Está prohibida en todos los servicios de Google. ¿Por qué? Primero, por el propio hecho de que la pornografía nos parece repudiable; segundo, porque en casi todos los países y en todas las legislaciones la pornografía infantil está prohibida”, explicó. A su vez, comentó que en Google “también se pelea todo el tiempo contra el spam, contra contenidos que los puedan exponer al robo de identidad, y obviamente contra los virus”.
Finalmente, relató que para la empresa existen “otras áreas mucho más complicadas” de definir, como el extremismo político. “¿Qué es extremismo político? Ustedes consideren que estamos hablando de una empresa global que opera en 150 países del mundo. Entonces, lo que no hay y no puede haber es una regla general que se aplique burocráticamente. Hay un trabajo caso por caso, que muchas veces se define por discusiones profundas, largas y complicadas entre personas de la compañía para decidir cuál es el camino a seguir. Obviamente, la compañía quiere que haya libertad de expresión, pero también pretende que los usuarios se manejen dentro de esas plataformas con cierta responsabilidad”, concluyó.
Nuevos desafíos
En relación con los nuevos desafíos que se plantean con el uso de la información que circula en Internet, en especial en función del trabajo periodístico, el director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, Eduardo Bertoni, mencionó dos problemas frecuentes: la responsabilidad de los intermediarios y la jurisdicción aplicable para dirimir los conflictos legales.
“Entendemos ‘intermediarios’ en un sentido amplio de la palabra. Muchas veces se piensa en intermediarios a las empresas o las organizaciones que tienen motores de búsqueda, como por ejemplo Google. Pero en realidad, el intermediario también es el proveedor de Internet y también puede ser quienes tienen sitios web en donde se aloja cierto contenido que muchas veces son simplemente links que nos llevan a otras páginas”, precisó.
Por otra parte, Bertoni sostuvo que la otra problemática es la jurisdicción aplicable en aquellos casos en los que surja un conflicto legal. “¿Qué quiero decir con esto? Estamos ante un mundo en donde los contenidos circulan rápido y aparecen en cualquier lugar. Tenemos que pensar reglas de jurisdicción para impedir que puedan ser utilizadas las herramientas judiciales a los efectos de presionar a los medios independientes, a los periodistas independientes, en jurisdicciones que les puedan ser hostiles”, remarcó.
Solucionar el problema del acceso
Finalmente, el periodista del diario Página/12 e integrante de Hacks/Hackers Buenos Aires (una organización que reúne a periodistas y hackers), Mariano Blejman, planteó de qué manera la libertad de expresión en Internet se ve limitada por las diferencias que existen en el acceso a la red: quienes están más conectados y pagan menos por esa conexión tienen una mayor capacidad para generar su propia voz y decir lo que piensan.
Por eso, para garantizar que todos puedan expresarse, promueve que el acceso a Internet sea reconocido como un derecho humano: “Desde hace tiempo, mucha gente piensa, o pensamos, que Internet debe ser considerada un derecho humano, un derecho de acceso universal, porque en todo el mundo se está generando una diferencia de velocidad en el acceso a la cultura. Y la única forma de resolverla es generando posibilidades de acceso a la misma velocidad”.
Con el objetivo de discutir acerca de estos temas, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) organizaron un encuentro en Buenos Aires en el que representantes del sector público y privado debatieron acerca de los desafíos de la libertad de expresión en Internet.
Libertad de expresión como naturaleza humana
Uno de los panelistas invitados fue el periodista Ariel Torres, columnista y editor de Tecnología del diario argentino La Nación, quien sentó las bases de la discusión al definir a la libertad de expresión como una característica inherente al ser humano: “Es la herramienta más letal y poderosa que tiene esta especie. Somos eso. La libertad de expresión no es ninguna tontería. Es la naturaleza humana”.
Además, el periodista argentino aseguró que cualquier clase de restricción a la libertad de expresión de las personas es “amputar su humanidad”. “Cuando alguien me habla de los excesos a la libertad de expresión, me da la impresión de que dijese ‘esa persona está viviendo en exceso’. No hay diferencia. No es un derecho cualquiera, ni siquiera es el derecho de reunión, ni es el derecho de moverse libremente por un país, que es un derecho fundamental. Es lo que nos hace humanos”.
Finalmente, Torres sostuvo que hay que dejar de pensar que la libertad de expresión es cosa de periodistas. “Es el más importante de los derechos humanos. Por algo la declaración universal lo cita primero. Porque sin eso, no hay nada más”, concluyó.
Tres argumentos para limitar la información
Una de las preguntas que se plantearon durante el debate fue la necesidad de diseñar políticas públicas de regulación de Internet que no afecten la libertad de expresión de los usuarios. En este sentido, en diálogo con Radio Nederland, Beatriz Busaniche, docente de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Fundación Vía Libre y de Wikimedia Argentina, enumeró los tres argumentos que están siendo utilizados en el mundo para poner en jaque la libre circulación de información en Internet.
“Uno es la ciberseguridad, que es uno de los argumentos por los que se aprobó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la ley CISPA, y también en Argentina se han aprobado leyes de delito informáticos”, explicó.
De acuerdo con Busaniche, el segundo argumento utilizado para justificar el control de la información que circula en Internet está relacionado con los mecanismos de filtrado, control, seguimiento y monitoreo para prevenir la pedofilia. “Claramente, detrás de una causa noble, se esconde en realidad la necesidad de establecer mecanismos de control de Internet. Incluso las tecnologías desarrolladas para prevenir la circulación de imágenes de pedofilia en Internet son usadas para bloquear sitios acusados de infracción de copyright”, sostuvo.
Por último, mencionó el tema del copyright, es decir, la defensa de la propiedad intelectual en el entorno digital. “Ahí tenemos proyectos como SOPA, PIPA y otro tipo de medidas que hacen que se empiece a controlar la información que circula en Internet”, ejemplificó.
Según Busaniche, cada vez que se proponen legislaciones o mecanismos de control de Internet no hay que pensar en cuál es el argumento para hacerlo, sino cuáles serán las consecuencias que va a traer su implementación. “Ése es el punto que hay que analizar. Un proyecto puede tener muy buenas intenciones, pero su implementación puede ser muy peligrosa para la libertad de expresión”, advirtió.
Libertad de expresión, pero con límites
Uno de los grandes actores del escenario virtual es Google, la compañía internacional con presencia en 150 países, que ha enfrentado varias acusaciones referidas a los modos en que ordena la información que circula en Internet. Durante el debate, Martín Wasserman, analista senior de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de Google para América Latina, sostuvo que la empresa promueve la libertad de expresión en la red, pero con ciertos límites.
“Primero, la libertad de expresión es casi el motor fundamental de todo lo que hacemos. Organizar la información y hacerla accesible es casi un sinónimo de fomentar la libertad de expresión. Nuestros productos y servicios se basan en ese intercambio de información y están diseñados para ayudar a las personas a crear, compartir, almacenar, investigar y acceder a la información. Por lo tanto, una Internet con paredes, que no se base en estos fundamentos, es una Internet que no queremos para nadie, y menos para nuestros usuarios”, aclaró.
Sin embargo, Wasserman explicó que, para Google, existen ciertos límites, “algunos claros y otros más difíciles” de establecer. “Hay un límite claro, por ejemplo, con la pornografía infantil. Está prohibida en todos los servicios de Google. ¿Por qué? Primero, por el propio hecho de que la pornografía nos parece repudiable; segundo, porque en casi todos los países y en todas las legislaciones la pornografía infantil está prohibida”, explicó. A su vez, comentó que en Google “también se pelea todo el tiempo contra el spam, contra contenidos que los puedan exponer al robo de identidad, y obviamente contra los virus”.
Finalmente, relató que para la empresa existen “otras áreas mucho más complicadas” de definir, como el extremismo político. “¿Qué es extremismo político? Ustedes consideren que estamos hablando de una empresa global que opera en 150 países del mundo. Entonces, lo que no hay y no puede haber es una regla general que se aplique burocráticamente. Hay un trabajo caso por caso, que muchas veces se define por discusiones profundas, largas y complicadas entre personas de la compañía para decidir cuál es el camino a seguir. Obviamente, la compañía quiere que haya libertad de expresión, pero también pretende que los usuarios se manejen dentro de esas plataformas con cierta responsabilidad”, concluyó.
Nuevos desafíos
En relación con los nuevos desafíos que se plantean con el uso de la información que circula en Internet, en especial en función del trabajo periodístico, el director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, Eduardo Bertoni, mencionó dos problemas frecuentes: la responsabilidad de los intermediarios y la jurisdicción aplicable para dirimir los conflictos legales.
“Entendemos ‘intermediarios’ en un sentido amplio de la palabra. Muchas veces se piensa en intermediarios a las empresas o las organizaciones que tienen motores de búsqueda, como por ejemplo Google. Pero en realidad, el intermediario también es el proveedor de Internet y también puede ser quienes tienen sitios web en donde se aloja cierto contenido que muchas veces son simplemente links que nos llevan a otras páginas”, precisó.
Por otra parte, Bertoni sostuvo que la otra problemática es la jurisdicción aplicable en aquellos casos en los que surja un conflicto legal. “¿Qué quiero decir con esto? Estamos ante un mundo en donde los contenidos circulan rápido y aparecen en cualquier lugar. Tenemos que pensar reglas de jurisdicción para impedir que puedan ser utilizadas las herramientas judiciales a los efectos de presionar a los medios independientes, a los periodistas independientes, en jurisdicciones que les puedan ser hostiles”, remarcó.
Solucionar el problema del acceso
Finalmente, el periodista del diario Página/12 e integrante de Hacks/Hackers Buenos Aires (una organización que reúne a periodistas y hackers), Mariano Blejman, planteó de qué manera la libertad de expresión en Internet se ve limitada por las diferencias que existen en el acceso a la red: quienes están más conectados y pagan menos por esa conexión tienen una mayor capacidad para generar su propia voz y decir lo que piensan.
Por eso, para garantizar que todos puedan expresarse, promueve que el acceso a Internet sea reconocido como un derecho humano: “Desde hace tiempo, mucha gente piensa, o pensamos, que Internet debe ser considerada un derecho humano, un derecho de acceso universal, porque en todo el mundo se está generando una diferencia de velocidad en el acceso a la cultura. Y la única forma de resolverla es generando posibilidades de acceso a la misma velocidad”.
Fuente: Radio Nederland Latinoamérica
viernes, 4 de mayo de 2012
La crisis del estado
El pensamiento antiliberal trata de propagar la idea de que los mercados, y quienes en ellos actúan persiguiendo fines "egoístas", son la causa de la situación de crisis económica que vivimos. Si esta tesis fuera cierta, lo razonable sería pensar que el Estado, y quienes sólo a través suyo aspiran a alcanzar fines "altruistas", encarnan la solución.
Estas son las principales razones causantes de la crisis del Estado:
La crisis del Estado contemporáneo se enmarca en este triple escenario. La situación actual es un reflejo de la difícil tesitura en la que se encuentra el estatismo intelectual y político, generalmente incapaz de asumir la necesidad de reconsiderar las estructuras de poder vigentes, e incluso aceptar su agotamiento en la forma que mantienen. No parece haber llegado el día en que pueda decirse que el Estado esté próximo a su liquidación. De hecho, la periferia tenderá a reproducir las fases por las que ya han pasado o ahora transitan los Estados más antiguos. La cuestión es si la resistencia moral del estatismo está o no contribuyendo a acelerar la parsimoniosa agonía de la histórica forma de poder que es el Estado.
1. El argumento se cae por sí solo cuando identificamos los factores que han intervenido en la gestación del presente laberinto social y económico. El Estado interviene, y mucho. Su peso absorbe la mitad de la producción de nuestras economías, e influye definitivamente sobre el resto. Pero no es únicamente eso. Esta crisis, como las anteriores, tiene su origen fundamental en la política monetaria y financiera practicada por los Estados. No es que urja "refundar el capitalismo", sino que, en cualquier caso, es el Estado, tal y como lo conocemos, la realidad cuya supervivencia depende de las reformas que estén por hacerse.
Estas son las principales razones causantes de la crisis del Estado:
2. El Estado contemporáneo, con especial intensidad desde el término de la Segunda Guerra Mundial, se halla inmerso en un proceso imparable de socialización. El estatismo totalitario quiso que el Estado relevara a lo social. El intrusismo moral, económico, jurídico y político, se hizo posible gracias a distintas corrientes filosóficas, ideológicas y académicas, que desde el estudio de la economía, la sociología y el Derecho, brindaron al Estado legitimidad para ejercer un poder absoluto sobre la vida de los ciudadanos. Del tradicional debate sobre los límites del gobierno, articulados en forma de libertades públicas, se pasó a un totalitarismo democrático justificado en contadas y estratégicas reservas formalmente liberales. A pesar de todo, en pleno proceso de estatización, lo social reaccionó no como otras veces, resistiendo, sino que reprodujo la misma tendencia invasiva de la que estaba siendo víctima. Este hecho representa el comienzo de la socialización el Estado. El corporativismo invirtió la fuente del dominio, dejando el mando de las instituciones del Estado en manos de las asociaciones de intereses. Partidos políticos, cumpliendo una función trasversal y representativa, sindicatos, patronal, sectores industriales y otras entidades, comenzaron a determinar la acción política y a aproximar hasta sus particulares vocaciones la fuerza de la intervención. El Estado se instrumentalizó hasta el punto de incorporar en su constitución política el reconocimiento expreso de estas corporaciones. Nació el "diálogo social". No todos los Estados han manifestado de igual modo este proceso de socialización. La forma anglosajona depende más de los grupos de presión extraconstitucionales, aunque el resultado sea el mismo o muy parecido al continental.
3. Si bien no con una firme intensidad, ni tampoco una dirección única, el Estado contemporáneo está siendo víctima de la desconcentración del poder. La socialización del Estado contribuye a este paulatino desgaste. La desconcentración siempre es centrífuga (recordemos que el Estado es, por definición, el poder unificado, concentrado, la monarquía). La descentralización política ha complicado gravemente la estructura del Estado. Así mismo, la transferencia de competencias a organismos internacionales, incluso la constitución de entidades como la Unión Europea, muestran una decidida tendencia a reconocer soberanía en aspectos tan importantes como la política monetaria, financiera y fiscal, a organismos cuyas decisiones afectan a varios Estados, y por ello, exigirán mecanismos de compromiso y acuerdo inauditos hasta su creación. La actual situación del gobierno de España, presionado desde Europa, y al mismo tiempo, dependiente del concierto con los poderes autónomos en los que se divide su Estado, muestra la trascendencia de los cambios experimentados en las últimas décadas.
4. Otra novedad que es propia y exclusiva de las últimas décadas, que convierte a esta crisis en la primera realmente crucial para occidente, es la globalización. La consolidación de un mercado mundial altamente interconectado acarrea la multiplicación de agentes, intercambios y subordinaciones cada vez más especializados e interdependientes. Los Estados occidentales no pueden aguardar a que sus economías resuciten gracias a agresivas políticas y descoordinadoras medidas de estímulo que impliquen el envilecimiento de la moneda o el rescate de sectores y agentes fracasados y/o sobredimensionados. El Banco Central Europeo, más allá de la convicción teórica o ideológica que parecen impulsarle, sabe que no debe reproducir la política expansiva practicada por la Reserva Federal. Si el Euro aspira a sobrevivir, debe convertirse en una auténtica alternativa al dólar (Huerta de Soto). Así mismo, la competitividad de la industria occidental frente a las economías emergentes, no concede tregua, ni permite asfixiar al mercado nacional sin emprender reformas de amplio calado. La mundialización ha despojado a Europa y a los EE.UU. de su margen para dilapidar años de prosperidad y desarrollo a costa de recurrir a ventajas inaprovechadas o a la falta de iniciativa de otras economías menos desarrolladas. La competencia internacional exige que gobiernos y particulares realicen lo antes posible aquellos ajustes que sean necesarios en términos de competitividad.
La crisis del Estado contemporáneo se enmarca en este triple escenario. La situación actual es un reflejo de la difícil tesitura en la que se encuentra el estatismo intelectual y político, generalmente incapaz de asumir la necesidad de reconsiderar las estructuras de poder vigentes, e incluso aceptar su agotamiento en la forma que mantienen. No parece haber llegado el día en que pueda decirse que el Estado esté próximo a su liquidación. De hecho, la periferia tenderá a reproducir las fases por las que ya han pasado o ahora transitan los Estados más antiguos. La cuestión es si la resistencia moral del estatismo está o no contribuyendo a acelerar la parsimoniosa agonía de la histórica forma de poder que es el Estado.
José Carlos Herrán en
http://www.juandemariana.org/comentario/5434/crisis/estado/
http://www.juandemariana.org/comentario/5434/crisis/estado/
jueves, 3 de mayo de 2012
3 de Mayo • Día Internacional de la Libertad de Expresión
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
Preámbulo:
REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho;
CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión;
PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;
CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;
CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas;
RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;
RECONOCIENDO que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos;
REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;
CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para la protección de este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile;
RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información;
REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información;
CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental;
RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de Principios;
Principios:
1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.
4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.
5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.
6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.
7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.
8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.
9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.
11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.
13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.
Preámbulo:
REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho;
CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión;
PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;
CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;
CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas;
RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;
RECONOCIENDO que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos;
REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;
CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para la protección de este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile;
RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información;
REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información;
CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental;
RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de Principios;
Principios:
1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.
4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.
5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.
6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.
7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.
8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.
9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.
11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.
13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de Estados Americanos (OEA)
Organización de Estados Americanos (OEA)
lunes, 23 de abril de 2012
El Estado de Bienestar y su degradación
En el siglo pasado, para superar la crisis de los años treinta y frenar el avance de la dictadura del Estado comunista, F. D. Roosevelt impulsó el pensamiento del “Estado de Bienestar”, con libertad política. El comunismo implosionó, pero el Estado de Bienestar se difundió en innumerables países. Su pensamiento es que la riqueza está mal distribuida y que el Estado debe intervenir para que todos los habitantes cubran todas sus necesidades. En Argentina se lo denominó “Justicia Social” o “Justicialismo” y atrasó al país.
Esa utopía causó la crisis en los países europeos.
El Estado de Bienestar debe cubrir las necesidades de la población, y como estas son infinitas, en constante crecimiento, debe agigantarse el Estado y aumentar sus recursos; -La mayoría de los hombres que lo manejan, como es humano, prioriza sus necesidades por sobre las sociales, deteriorando el Bienestar; -Aparecen el descontrol, la ineficiencia, la dilapidación de recursos, la corrupción, el déficit del Estado, su quiebra y el ajuste a la población.
El Estado de Bienestar inevitablemente degenera y se degrada.
Se ignora que las mejoras sociales y el bienestar son producto del trabajo personal de todos los ciudadanos y que el Estado nunca puede generar riqueza ni bienestar, ni remplazar la labor y creatividad del ser humano.
Esa utopía causó la crisis en los países europeos.
El Estado de Bienestar debe cubrir las necesidades de la población, y como estas son infinitas, en constante crecimiento, debe agigantarse el Estado y aumentar sus recursos; -La mayoría de los hombres que lo manejan, como es humano, prioriza sus necesidades por sobre las sociales, deteriorando el Bienestar; -Aparecen el descontrol, la ineficiencia, la dilapidación de recursos, la corrupción, el déficit del Estado, su quiebra y el ajuste a la población.
El Estado de Bienestar inevitablemente degenera y se degrada.
Se ignora que las mejoras sociales y el bienestar son producto del trabajo personal de todos los ciudadanos y que el Estado nunca puede generar riqueza ni bienestar, ni remplazar la labor y creatividad del ser humano.
La distribución del ingreso por el Estado es otra farsa: solo empobrece.
Dr. Marcelo Castro Corbat
en http://www.segundarepublica.blogspot.com.ar/
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