Hace 22 años que el Ejército Popular de Liberación disparó contra manifestantes pacíficos en Pekín y otras ciudades, matando a centenares, si no miles, de estudiantes y simples ciudadanos que se habían congregado en demanda de un gobierno más abierto y receptivo. En los dos decenios transcurridos desde la fuerte represión de los manifestantes desarmados, el gobierno chino se ha desentendido de todo llamamiento que se le hecho para que ofrezca una explicación más transparente y sincera de lo ocurrido en la plaza de Tiananmen y sus alrededores el 3 y el 4 de junio. Lo que muchas personas llaman “matanza”, es calificado ahora por el Partido Comunista Chino de simples “disturbios políticos”. Esta semana, China ha abierto sus archivos nacionales secretos, pero ha justificado la necesidad de mantener en secreto todo documento histórico sobre la plaza de Tiananmen (y otros desagradables disturbios) para no dañar la “intimidad” o la “reputación” de nadie.
Pero las brutales tácticas y las subsiguientes medidas represivas aplicadas por el gobierno para suprimir el movimiento prodemocrático de 1989 dirigido por los estudiantes no son sólo historia. Son una herramienta permanente, utilizada para eliminar incluso la posibilidad de cuestionar el monopolio del poder del Partido Comunista. Su uso menoscaba de manera habitual la libertad de expresión, asociación y reunión, proclamada en la propia Constitución china.
Recientemente, el gobierno ha respondido a los alzamientos populares de Oriente Medio y el Norte de África intimidando, amenazando o deteniendo a toda persona que le parece potencialmente capaz criticarlo abiertamente.
Desde finales de febrero, Amnistía Internacional ha documentado más de 130 casos de activistas, blogueros, abogados y otras personas que han sido detenidos por la policía, sometidos a seguimiento e intimidaciones por las fuerzas de seguridad o desaparecido. Algunas de estas personas son veteranos del movimiento estudiantil prodemocrático de 1989 que han vuelto a ser víctimas de persecución. Muchas se enfrentan a cargos imprecisos y potencialmente adaptables a cada caso relacionados con la “incitación a la subversión”, como los "cargos contrarrevolucionarios" que se utilizaron ya ampliamente en la represión de 1989. Entre ellas se encuentran:
Chen Wei: Activista de Sichuan a quien se llevó la policía el 20 de febrero y acusado desde entonces de “incitar a la subversión del poder del Estado”.
Ding Mao: Activista también de Sichuan y fundador del Partido Socialdemócrata, grupo al que se niega la legalización. La policía lo detuvo el 19 de febrero, y ha sido acusado también de “incitar a la subversión”.
Li Hai: La policía detuvo a Li Hai el 26 de febrero, acusado de “causar problemas” por difundir la “revolución jazmín” de Oriente Medio. Actualmente está bajo vigilancia y en espera de juicio. Li Hai fue encarcelado a mediados de la década de 1990 por "divulgar secretos de Estado" a raíz de que elaborara una lista de personas encarceladas tras las protestas de Tiananmen de 1989.
Wang Lihong: Ex médico, Wang Lihong fue sometida a vigilancia el 20 de febrero y detenida al día siguiente. Está acusada de “congregar a una multitud para alterar el orden público”. El gobierno chino utiliza cada vez más el cargo de “incitar a la subversión del poder del Estado” para encarcelar a sus detractores. El Nobel de la Paz Liu Xiaobo y el activista Liu Xianbin, que participaron en la redacción de la Carta 08, manifiesto político en el que se pide un cambio político en China, están cumpliendo 11 y 10 años de prisión, respectivamente, por incitar a la subversión. Ambos habían cumplido ya penas de cárcel anteriormente por su participación en el movimiento estudiantil de 1989.
Otras personas acusadas últimamente de incitar a la subversión son el activista Hu Jun y el escritor Ran Yunfei.
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