Libertad: El mejor remedio contra la pobreza II

La Educación y la Movilidad Social

No debe haber duda alguna de que la educación es un elemento crucial en la lucha contra la pobreza. Puede equipar a la gente con habilidades comerciables que les permite encontrar mejores empleos que los que tuvieron sus padres, y por lo tanto ascender en la escalera social. La educación para todos ayuda a reducir la discriminación que enfrentan las mujeres. La educación de las jóvenes ha demostrado disminuir las tasas de nacimiento al posponer el matrimonio, dándoles acceso a información sobre contraceptivos y sobre mejores medidas sanitarias para la familia, especialmente para los niños, por ende reduciendo la mortalidad infantil. No es necesario decir que la educación también le permite a la gente adquirir información, incluyendo sobre temas políticos, lo cual estimula el debate y ultimadamente fortalece la democracia y la libertad.

Si el objetivo de la educación es mejorar la movilidad social, la calidad de la educación impartida a los pobres debería revestir de una importancia crítica. Escribimos “debería” ya que, de manera extraña, muchos reformadores educativos que afirman interesarse por los pobres han estado más preocupados por aspectos cuantitativos, es decir, en darle títulos educativos a la mayor cantidad de gente posible, mostrando poco interés en la calidad de dicho título. El resultado es la consolidación de la estratificación social. Curiosamente, esto puede verse en países desarrollados como Alemania, así como en muchos países en desarrollo.

Una razón para que esto suceda es que la provisión de la educación le ha sido confiada a una burocracia gubernamental a menudo centralizada, sin haberse hecho la pregunta obvia de si las burocracias son los instrumentos apropiados para brindar educación. Esto ha sucedido probablemente debido a que la gente, incluyendo la mayoría de los liberales, están de acuerdo en que es deber del Estado garantizarle a todos un acceso a la educación. Pero aún cuando estemos de acuerdo en que ésta es de hecho una tarea del Estado, no implica necesariamente que tenga que ser implementada a través
de una burocracia gubernamental. Sin embargo, la tendencia inherente de las burocracias de crecer y multiplicarse ha garantizado que éste fuera el caso en casi todo el mundo. Cualquiera que haya cuestionado este imperialismo burocrático ha sido acusado de intentar destruir el acceso universal a la educación, una acusación mortal en cualquier sociedad democrática.

Los resultados a menudo han sido perniciosos. En la mayoría de los países del sur asiático, por ejemplo, la calidad de la educación en las escuelas gubernamentales es tan mala que la gente pasa
penurias económicas con el fin de enviar a sus hijos a escuelas privadas, las cuales ofrecen una educación significativamente mejor — a menudo con el inglés como medio de enseñanza. Sin embargo, en las zonas rurales dichas escuelas privadas son poco comunes, de tal forma que a los pobres de las zonas urbanas y a la mayoría de la población rural no les queda otra opción que las escuelas gubernamentales de baja calidad, o no recibir educación del todo.

Dado que el 40% del presupuesto educativo en la India, Bangladesh y Pakistán se gasta en las universidades — a las cuales asisten mayoritariamente estudiantes de familias de clase media — no hay suficiente dinero para que las escuelas primarias les den a todos los niños una alfabetización al menos rudimentaria.

Un paso importante sería darle más control a la gente sobre su escuela local, al transferir la responsabilidad de la educación de un ministerio central a las municipalidades y pueblos. El gobierno central podría concentrarse en establecer y hacer cumplir estándares educativos. Esta separación de tareas aumentaría la transparencia del gasto en educación, ya que los padres de familia encontrarían
más fácil controlar qué sucede a nivel municipal o del pueblo.

Separar a la organización que define los estándares de la organización que los implementa probablemente aumentaría también la calidad de la educación. Se puede añadir un elemento de competencia mediante la publicación de los resultados de los diferentes centros educativos, y la premiación de las buenas escuelas al tiempo que se castiga a las malas. Algunas de estas reformas han sido implementadas con algún éxito.

Un enfoque más radical sería aceptar la realidad, la cual, al menos en las áreas urbanas, es que existe un creciente mercado para la educación, pero los pobres no pueden participar en éste. El gobierno
podría darles acceso a los pobres mediante el pago del costo de enviar a sus hijos a la escuela de su preferencia, por ejemplo, mediante un sistema de bonos educativos. El gobierno establecería estándares y objetivos educativos y se concentraría en monitorearlos y hacerlos cumplir. Las escuelas gubernamentales dejarían de recibir ayuda presupuestaria y tendrían que financiarse a sí mismas mediante la atracción de estudiantes, es decir, ofreciendo mejor calidad.

Dicho sistema generaría una competencia muy sana entre las escuelas. Los padres de familia escogerían los centros educativos en base a la calidad que ofrecen, ya que el sistema de bono educativo garantiza que el dinero no será desviado a otros propósitos. Las escuelas se verían obligadas a buscar las maneras más efectivas en términos de costos de brindar una educación de calidad. Los centros educativos que comprometan la calidad perderían estudiantes, las escuelas que no controlan los costos quebrarían.

La creación de un mercado educativo competitivo también les daría a los padres de familia más opciones en cuanto al tipo de educación que sus hijos reciben, especialmente si se incluyen a las escuelas manejadas por organizaciones religiosas. Esto, por supuesto, aumentaría la posibilidad de conflicto entre el plan de estudios determinado por el Estado y los valores religiosos difundidos por las escuelas, pero es definitivamente posible alcanzar un acuerdo por el interés de los pobres. Por ejemplo, cualquiera que haya visto el desempeño superior de las escuelas privadas, usualmente católicas, en los guetos urbanos de Estados Unidos comparado con el de las escuelas estatales probablemente sentirá que vale la pena buscar dicho compromiso.

Por consiguiente, en Estados Unidos ya se han iniciado algunos experimentos prometedores con dichos esquemas. No resulta sorprendente que la burocracia estatal deteste estas ideas y se oponga
con todo a ellas, de igual forma que se resiste a que se evalúe la calidad de la educación que imparte.

Pero hasta el tanto no sea la calidad el objetivo indiscutible de la reforma educativa, a los pobres se les privará del instrumento más poderoso de movilidad social disponible, y la sociedad como un todo se verá privada del potencial que permanece inactivo en los niños pobres. El costo extraído por la burocracia educativa es vergonzosamente muy alto.

por Otto Graf Lambsdorff, ex ministro de Economía de Alemania 

y presidente de la Junta Directiva de la Fundación Friedrich Nauman 
en http://www.hacer.org/pdf/Graf1.pdf